Este caso, en el que se investiga la supuesta falsificación del acta del pleno de 29 de julio de 2009 en el que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, sigue abierto y, ni mucho menos se ha cerrado, como aseguró recientemente el PP.
Era de esperar, y así ha ocurrido, que el Ministerio Público presentara recurso, al igual que hizo la acusación popular que ejerce el PSOE, contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, que acordó el pasado 3 de septiembre por segunda vez y en contra del criterio del fiscal el sobreseimiento de esta causa.
El fiscal solicita a la Audiencia de Málaga que se revoque esa decisión y, además, que se remitan las diligencias al
Tribunal Supremo, ya que insiste en que hay indicios claros que implican a Ángeles Muñoz en un presunto delito de falsedad documental.
Es la tercera vez que Martínez Carazo solicita que el caso se envíe al Alto Tribunal al ser la alcaldesa aforada. Las dos anteriores fueron ante el instructor, que no le hizo caso, y ahora lo plantea ante la Audiencia Provincial.
El escrito con fecha de 10 de septiembre, al que ha tenido acceso
Marbella24horas, es contundente y en él discrepa abiertamente con el juez Gonzalo Dívar.
Para empezar, el fiscal señala que el segundo archivo de la causa, tras ordenar la Audencia su reapertura, es "inusual, un tanto sorprendente e incluso exótico".
Explica que, tras practicarse nuevas diligencias, con declaraciones testificales el pasado mes de junio, se "acentúan los indicios de la presunta comisión de un ilícito penal" y considera que el instructor priva al Tribunal Supremo la "decisión sobre la continuidad o archivo del procedimiento".
El fiscal desmonta las opiniones del juez Dívar en cuanto a que la responsabilidad del acta es únicamente del vicesecretario, ya fallecido, y no afectaría a la alcaldesa que, según el instructor, únicamente tiene como cometido dar el visto bueno.
"De estimarse tal postura tampoco tendría responsabilidad alguna en el delito falsario el que facilita su fotografía y datos para la falsificación de un DNI, porque no tiene intervención ni competencia alguna en la confección del documento", señala Martínez Carazo.
Además es contundente al señalar que "el magistrado instructor acude a la estrategia de defensa de culpar de lo acontecido a la persona fallecida y de esa manera trata de eximir responsabilidad a los demás partícipes del delito".
Modificación de planos
El representante del Ministerio Público insiste en que el acta hace referencia literalmente a lo que acontece en el pleno salvo "en lo referente a la modificación de 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella".
Considera que la alcaldesa "con su activa participación ha cooperado necesariamente a que en un documento ofcial se falte a la verdad en la narración de los hechos".
Para el fiscal, si Ángeles Muñoz "hubiera informado al pleno y sometido a votación una cuestión tan trascendental como la modificación de 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella, no estaríamos planteando la comisión de ilícito penal alguno".
"Seguimos considerando que la participación de Doña Ángeles Muñoz Urio (senadora) en lo acontecido tiene relevancia falsaria respecto de la función encomendada al documento que contiene el acta de lo ocurrido", continúa.
Y señala, para concluir su escrito, que "no es una falsedad inocua, al ser falsos los hechos que se contienen en el documento".
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