En el escrito de la Fiscalía, que ofrecimos en primicia, es muy llamativo el último párrafo, en el que recuerda a la Audiencia Provincial de Málaga los hechos que denunció en su día la abogada de la plataforma antideslinde, Cristina Falkenberg.
El fiscal dice que no hay que olvidar aquella denuncia en la que se hacía constar que una de las modificaciones que se introdujo a última hora en el PGOU fue la de lindes entre Marbella y Benahavís y que “beneficiaba a la señora alcaldesa y a su familia”.
También recuerda que en el plan que presentó el equipo redactor el 12 de junio de 2009 “las lindes coinciden con las oficiales y la mansión y terrenos de la alcaldesa y su familia, entre otras personas, se sitúan en suelo rústico de Marbella”.
Martínez Carazo hace constar que, según el movimiento antideslinde, el 28 de julio de 2009, un día antes del pleno, “se acaba de falsificar el PGOU y las lindes con Benahavís están alteradas de modo que perjudica al municipio, pero beneficia a la alcaldesa”.
Participación
Dicho todo esto en el escrito de recurso, el fiscal añade que “seguimos considerando que la participación de doña Ángeles Muñoz Uriol (senadora) en lo acontecido, tiene relevancia falsaria respecto de la función encomendada al documento que contiene el acta de lo ocurrido”.
Es decir, que el fiscal insiste en que la regidora habría cometido un presunto delito de falsedad documental.
Considera que los hechos podrían tener encaje en “la falsedad cometida por imprudencia grave, atendiendo a que la falsedad imprudente se comete cuando el funcionario emite o coopera en la emisión de un documento”.
En todo este asunto, el fiscal siempre ha tenido claro que tras ese pleno se produjo una falsificación del acta, pero en pocas ocasiones ha entrado a profundizar en el cambio de las lindes y sus consecuencias.
Se trata de una argumento que reiterado siempre la acusación popular, que ejerce el PSOE, que sitúa ese supuesto interés particular de la regidora como el origen de lo que ocurrió en el citado pleno de 2009.
Ahora, Martínez Carazo añade un largo párrafo a su escrito de apelación ante la Audiencia Provincial en el que pide que no se olviden estos hechos que, recordemos, fueron denunciados en 2015 por el movimiento ciudadano "Ni un metro de Marbella para otra población".
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