El Congreso de Trabajo Social concluye en Marbella con la petición de una reforma constitucional

Después de tres días de intensa actividad, se ha clausurado en el Palacio de Congresos de Marbella este encuentro, que ha reunido a trabajadores y trabajadoras sociales de toda España para debatir sobre el futuro de su profesión, muy afectada por los recortes. 

El congreso se ha cerrado con la lectura de un manifiesto consensuado en el que se plantean dos exigiencias que ya se hicieron el primer día, en concreto en boca de la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez. 

Ahora esas propuestas, la solicitud de la inclusión del sistema público de servicios sociales en la Constitución como un derecho fundamental, y la creación de un marco legislativo estatal, se han asumido como reinvidicaciones por parte de todos los participantes. 

En el manifiesto se exige al Parlamento Español "una modificación en el texto constitucional incluyendo en el mismo el derecho fundamental de ciudadanía que asegure la garantía de la cobertura del sistema público de servicios sociales como cuarto pilar del Estado de Bienestar".

También se reclama "la garantía del derecho subjetivo a las prestaciones del sistema público de servicios sociales, con la promulgación, con carácter prioritario, de una Ley Marco de Servicios Sociales para el Estado Español".

Los asistentes se han opuesto al "desmantelamiento" de la Red Básica de Servicios Sociales Municipales, sobre todo en un momento en el que cada vez un porcentaje mayor de la población recurre a él como consecuencia de la situación de extrema necesidad y sufrimiento que viven. 

Los trabajadores sociales piden la "paralización de todas las iniciativas legislativas que pongan en riesgo esta red básica de atención", en una clara alusión a la reforma de la Administración Local que tiene en marcha del Gobierno. 

Además, se solicita la modificación del artículo 135 de la Constitución para situar como prioritaria la supeditación de toda la riqueza del Estado "al servicio de las necesidades y a la garantía de los derechos de ciudadanía".

En un quinto punto exigen una auditoria de la deuda pública española para clarificar qué parte es de la ciudadanía y por tanto "ha de ser pagada con dinero público", y cual responde a entidades privadas. 

Por último, los trabajadores sociales han mostrado su intención de "asumir el mayor compromiso de protagonismo en la tarea de conseguir la confluencia de esfuerzos de todos los movimientos sociales como parte insoslayable de nuestro quehacer profesional".

El congreso, que se celebra cada cuatro años, arrancó el pasado jueves con 1.300 asistentes, que ha debatido durante estos tres días, en un ambiente muy crítico, sobre los servicios sociales. 

Noticia relacionada: 
- El XII Congreso de Trabajo Social arranca en Marbella con 1.200 personas y críticas a los recortes