Fue el 22 de junio de 2018 cuando la alcaldesa,
Ángeles Muñoz, se fotografió junto al presidente de la sala de la Audiencia Provincial que había juzgado el caso Malaya, Juan Godino.
En las manos de la regidora estaba el cheque por
12 millones de euros, que entonces presumió mucho de poder ingresar en las arcas municipales.
Después llegó la reclamación de esa cantidad, ya que tanto
Hacienda como Seguridad Social consideraron que se había cobrado
antes de tiempo, pero el Ayuntamiento no quiso devolverlo y se dio por roto el acuerdo para financiar la deuda histórica.
Y es que fue el 28 de junio, solo
seis días después de la foto, cuando se aprobaron los
Presupuestos Generales del Estado, en los que se incluía la medida para que ese dinero viniera a Marbella y no fuera a las arcas del Estado, como ocurría hasta entonces.
El asunto acabó en un
pleito en los tribunales, que aún está pendiente y que el equipo de gobierno espera resolver a su favor, porque lo contrario supondría quedarse sin el fraccionamiento de la deuda y tener que pagarla de golpe.
Mientras hay una sentencia o se produce un acuerdo con la Agencia Tributaria, se siguen
generando problemas.
Las cuentas de la sociedad municipal RTV Marbella fueron embargadas y el pago de las nóminas se tuvo que hacer desde otras como el Puerto Deportivo o el Palacio de Congresos.
En el pleno del pasado mes de julio, el equipo de gobierno aprobó
una modificación de crédito para pagar
4,7 millones de euros para saldar la deuda de la televisión con Hacienda.
Pese a ello, este pasado miércoles, esta empresa municipal aparecía en la
lista de morosos con la Agencia Tributaria por un importe de
3 millones de euros.
También figuraban en ese listado otras dos sociedades del Ayuntamiento de Marbella en la época del GIL como
Gerencia de Obras, con una deuda de 12,38 millones, y la
Empresa Mixta de Limpieza, con 1,5 millones.
Desde el Ayuntamiento niegan que exista ninguna deuda, ya que consideran en vigor el fraccionamiento acordado en su día que, sin embargo, Hacienda da por roto al no devolver el dinero del célebre cheque.
Para el equipo de gobierno, la culpa es del Gobierno, sin reconocer aún a estas alturas
el error al cobrar aquel dinero solo unos días antes de los debido.