Moro ha detallado esta mañana todo el largo proceso desde que en febrero de 1992 la familia Álvarez cediera los terrenos del Trapiche del Prado al Ayuntamiento. El último escollo, según ha explicado, es un informe de la Delegación de Cultura de la Junta en el que se sostiene que permitir las obras rebajaría la protección del edificio del siglo XVII, antigua fábrica de azúcar.
El concejal ha mostrado su "sorpresa" por este informe, que ha recibido este mismo mes, ya que, según ha dicho, la Junta dio el visto bueno al proyecto en una reunión que tuvo lugar en Sevilla en abril de 2013.
Tras aquella cita, en mayo de ese mismo año, se aprobó en el pleno una modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que se pudiera construir en la parcela, algo que no permitía este documento urbanístico al someter al inmueble al nivel 2 de protección.
Moro también ha criticado que "solo 25 días después de ese pleno" la Junta decidiese incluir el Trapiche en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, algo que hizo con "deslealtad institucional" ya que "no lo comunicó ni previa ni posteriormente al Ayuntamiento". Esto elevaba aún más la protección del edificio, a nivel 1, y dificultaba aún más la construcción de la residencia.
Pero el freno definitivo al proyecto que emprendió el Ayuntamiento en 2008 se lo ha dado la oposición por parte de la Delegación de Cultura, en un informe que Moro ha destacado que viene firmado por la propia titular, Patricia Alba, en lugar de por los técnicos. "No aporta ninguna argumentación sino solo juicios de valor, no tiene ningún rigor técnico ni jurídico", ha dicho.
Por tanto, parece la puntilla definitiva para una iniciativa que tuvo su primer contratiempo cuando la concesionaria de las obras y de la explotación de la residencia, la empresa Sanyres, tuvo problemas económicos y no pudo llevarla adelante. Incluso en noviembre de 2009 se colocó la primera piedra.
Posteriormente, hubo un nuevo escollo, con la aprobación en 2010 del PGOU, que colocaba en nivel 2 la protección del edificio, lo que no permitía construir en la parcela exenta. Para superarla, ante la aparición de nuevos inversores, se llevó a pleno en mayo de 2013 una modificación puntual de elementos, que ahora se ve frenada por el informe desfavorable desde Cultura.
Moro ha recordado que la familia Álvarez, propietaria de los terrenos, los cedió al Ayuntamiento de forma gratuita para que se destinara el trapiche a una residencia para la tercera edad y que se utilizaran para ello también los terrenos circundantes. En caso de no cumplirse estas condiciones, la donación quedaría resuelta.
El concejal entiende que en el edificio histórico no cabe la residencia, por lo que el proyecto incluye un edificio anexo, en los terrenos que suponen el 80% de la parcela, que es donde no se podría construir sin la modificación del PGOU.
Según ha explicado, el Ayuntamiento se encuentra estudiando qué opciones se presentan a partir de este momento y está prevista también una reunión de la alcaldesa con la familia Álvarez para explicarles la situación.
Por último, Pablo Moro ha recordado que el Ayuntamiento pidió en 1994 y 1997 la declaración del Trapiche del Prado como Bien de Interés Cultural (BIC), algo que ha rechazado la Junta. El año pasado se hizo una tercera solicitud, a la que aún no se ha dado respuesta.
"Ahora mismo solo cabe la restauración del edificio, algo que no va a acometer ninguna empresa sin poder darle uso", señaló el edil, quien también reclamó a la Junta "que invierta en patrimonio en el municipio".
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