El sindicato ha recordado que ya son ocho las resoluciones judiciales que determinan la improcedencia de los despidos, posibilitando los fallos judiciales la readmisión o la indemnización del trabajador.
La empresa, sin embargo, "lejos de solventar la situación que atraviesa el personal eventual en Acosol, está optando de forma discriminatoria entre la indemnización o la readmisión según quién sea el trabajador afectado o cuáles sean sus vinculaciones sindicales, recrudeciendo un escenario ya de por sí conflictivo entre la plantilla".
Para CSIF, Acosol está "discriminando" al personal eventual al no reconocer el derecho a la readmisión por igual, por lo que ha convocado un calendario de movilizaciones, que se inicia con una concentración el próximo viernes en la sede principal de Acosol (10:00 horas).
El objetivo es exigir a la empresa un trato igualitario para el colectivo de trabajadores eventuales.
Mientras el conficto se agudiza, el consejero delegado, Manuel Cardeña, no dudó en echar leña al fuego con una nota de prensa la pasada semana.
Además, se ha marchado unos días de viaje a la feria de turismo de Berlín (ITB).
El sindicato CSIF reclama la readmisión indistintamente de todos los trabajadores en esta situación, en cumplimiento del previo acuerdo alcanzado con la dirección y garantizando un trato igualitario a todo el personal eventual afectado.
CSIF, que también ha facilitado a la empresa una propuesta para que opte por la readmisión, recuerda cuál debe ser el impulso y objetivo de los poderes públicos, no sólo desde el prisma social de una injusticia reiterada, sino además, desde los costes económicos que las mismas alcanzarán.
Estos costes superan los 100.000 euros hasta la fecha, según este sindicato, sumando indemnizaciones y salarios de tramitación para readmisiones o nulidades.
"Las cantidades económicas se abonarán con dinero público, pese a que la situación es producto de una pésima gestión en materia de recursos humanos en la empresa pública, que además entorpece las políticas de estabilidad y consolidación de empleo promovida por la administración pública y el ordenamiento jurídico", señalan.
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