Después de los últimos pasos que se conocieron en febrero, en los que la Junta había remitido distinta documentación al juzgado, ahora vuelve a avanzar la instrucción del caso PGOU.
Hay que recordar que en esta causa, tras la
denuncia de la Fiscalía, se está investigando a la exalcaldesa Ángeles Muñoz por un presunto delito de falsedad documental durante la elaboración del plan urbanístico de 2010.
Para esclarecer los hechos, el juez Dívar ha llamado a declarar por el momento a cinco personas. Dos de ellas acudirán en calidad de imputados (investigados): Alba Echevarría y el vicesecretario municipal Javier de las Cuevas.
Las otras tres irán como testigos: Manuel González Fustegueras, Juan Carlos Fernández Rañada y el exconcejal de IU Enrique Monterroso.
Así consta en una providencia con fecha de 24 de marzo a la que ha tenido acceso
Marbella24horas.
Como imputada deberá comparecer el próximo 23 de mayo la exconcejala de Urbanismo entre 2007 y 2009, Alba Echavarría, que estuvo al frente de la elaboración del citado PGOU.
De esta forma, Dívar accede a la petición
realizada por el PSOE, personado como acusación particular, que había solicitado la declaración como investigada de la que fuera edil del PP.
El mismo día está citado, también como imputado, el vicesecretario del Ayuntamiento, Javier de la Cuevas, que fue
señalado por la Fiscalía como presunto autor de un delito de falsedad junto a Ángeles Muñoz.
Testigos
Un día antes, el 22 de mayo, pasarán por el juzgado tres personas más, en este caso como testigos, por tanto con la obligación de decir la verdad.
El magistrado ha llamado a declarar al arquitecto encargado de redactar el PGOU de 2010, Manuel González Fustegueras, una vez que el Ayuntamiento le ha enviado la información sobre las personas que formaban el equipo del estudio "Territorio y Ciudad" y la dirección para localizarlas.
También llama al que fuera coordinador general de Urbanismo del PP, Juan Carlos Fernández Rañada, número 2 de Alba Echevarría.
Su nombre se tornó clave para la causa a raíz de los documentos que remitió la Junta al magistrado y que
se conocieron el pasado mes de febrero.
Supuestamente habría sido el instigador de los cambios de última hora en el PGOU, por lo que el PSOE pidió su testifical, a la que ahora accede el juez.
Y, por último, Gonzalo Dívar llama a declarar al que fuera concejal de Izquierda Unida Enrique Monterroso, que se torna como una figura clave al ser un gran conocedor a nivel político de todos los movimientos que se hicieron durante la aprobación del plan general en 2009.
Monterroso no solo votó en contra del texto, sino que alertó de que se habían introducido cambios sin conocimiento de los concejales y se negó también a aprobar el acta del pleno.
Aún queda pendiente, al menos, la testifical de la abogada del movimiento antideslinde, Cristina Falkenberg, también experta conocedora del asunto, y que aún no tiene fecha para acudir ante el juez. Su testimonio y el de Monterroso serán claves.
También está por ver la decisión que toma el magistrado sobre la exacaldesa, Ángeles Muñoz, actual senadora y, por tanto, aforada, por lo que solo puede proceder contra ella el Tribunal Supremo.
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