No es el mejor final para los segundos cuatro años de mandato de la actual alcaldesa del PP, por más que se esté esforzando en taparlo. Su concejal de Urbanismo, Pablo Moro, está imputado y, ya procesado tras el fin de la instrucción, a la espera de juicio oral por un presunto delito de prevaricación.
Además, el edil de Medio Ambiente y Playas, Antonio Espada, también está imputado por una presunta malversación cometida, no por su actividad en estas delegaciones, sino por la posibilidad de que haya facturado al Ayuntamiento desde su empresa de materiales de construcción sin pasar por concurso público.
Ha sido a través de dos denuncias formuladas ante la justicia por el Partido Socialista como se han abiertos los procesos que han puesto contra las cuerdas ambos y, aunque han sido retirados de la candidatura electoral, permanecen hasta el último día en sus cargos públicos.
Si a esto le añadimos que, precisamente este último día de campaña se ha conocido que el secretario del Ayuntamiento tendrá que responder ante la justicia por su actuación en el tema del deslinde con Benahavís, el panorama no es el mejor y recuerda a otras épocas en Marbella.
Por lo que respecta a Pablo Moro,
Marbella24horas ha venido informando puntualmente del llamado "caso Funky Buddha" desde el pasado mes de noviembre. Inicialmente, el juez instructor, Miguel Ángel Gómez Torres, le
imputó tres delitos: prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio.
El concejal declaró ante el juez el 30 de octubre y dijo que la denuncia estaba llena de "falsedades", pero el magistrado, en un
auto muy contundente advirtió toda una serie de "irregularidades" al no paralizar las obras del club de playa en la zona de El Pinillo.
El pasado mes de febrero, en otro
auto demoledor contra el concejal, se cerró la instrucción y Gómez Torres solicitó el procesamiento del edil por el delito de prevaricación, exculpándole de los otros dos.
Ese mismo mes de febrero de este año, visitaba los juzgados otro concejal, Antonio Espada, también en calidad de imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Malversación
El concejal de Playas habría facturado más de 270.000 euros sin pasar por concurso público a la empresa de materiales de construcción "La Juanita", de la que es propietario al 50%. La noticia se conoció hace unos días, en plena campaña electoral.
Y este mismo viernes se ha sabido también que, como antiguamente, el secretario municipal va a tener que responder ante la justicia, en este caso por permitir que la alcaldesa votara en el pleno de noviembre de 2014 en el que se aprobó el expediente de deslinde con Benahavís en la zona donde está la mansión de la regidora.
El movimiento ciudadano "Ni un metro de Marbella para otra población" considera que en la actuación del habilitado nacional podría haber existido un delito de prevaricación, por lo que lo han puesto en conocimiento de un juzgado de instrucción. Además, han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción una posible falsificación del PGOU.
Si a esto, le añadimos otras polémicas como la tala de árboles, la terminal de autobuses de San Pedro Alcántara frente a un colegio, el proyecto de los rascacielos o las noticias sobre la inversiones millonarias en Luxemburgo por parte de la alcaldesa para "no pagar impuestos", según le
acusó públicamente el abogado Antonio Flores, la legislatura no ha sido ni mucho menos tranquila.
Denuncias del PSOE
Las denuncias que han llevado ante los tribunales de los dos ediles del PP fueron presentadas desde el Partido Socialista, en el caso de Pablo Moro tras recibir unos documentos de forma anónima, según consta en los autos.
"En nuestra labor de oposición y de fiscalización de la gestión del Equipo de Gobierno pusimos en conocimiento de la justicia estos hechos al entender que se había ido contra el interés general de Marbella", ha explicado a este digital el portavoz socialista y candidato a la Alcaldía, José Bernal.
Que los procesos judiciales hayan ido hacia adelante no ha sido fácil, ya que ha requerido que se aportaran cantidades de dinero, difíciles de afrontar desde el PSOE. "Nosotros hemos hecho un esfuerzo pero ahora, si se producen condenas, la restitución se hará para Marbella y para sus ciudadanos", ha dicho.
"Respetando los procesos judiciales en marcha, el PP debería analizar qué tipo de gestión ha estado haciendo en estos últimos años, que recuerda a épocas pasadas, con imputados y uno de ellos el concejal de Urbanismo", concluyó.
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