Díaz ya explicó recientemente que la empresa concesionaria del Centro Ambiental situado junto al vertedero mantenía una serie de discrepancias con el Ayuntamiento y en 2012 impidió "que se depositaran allí los muebles y enseres que se recogen".
"En aquella época el PP lo que hizo fue enterrar en el vertedero anexo estos residuos voluminosos, algo que ya denunciamos", explicó, mientras que desde la llegada del tripartito se están llevando a Casares, con un coste de 175.000 euros anuales.
Este miércoles, Díaz ha insistido a través de una nota de prensa, tras las críticas de los populares, que el Ayuntamiento “está tomando medidas claras en materia de vertidos y residuos”.
El edil ha reprochado al PP “que durante 8 años en el gobierno estuvo en connivencia con las actividades contaminantes que se desarrollaban en el vertedero municipal y con el incumplimiento de la concesionaria del Centro Ambiental”.
Ha asegurado que “frente a las prácticas del PP y su irresponsabilidad, en cuyo mandato se llegaron a enterrar 15.000 toneladas de muebles vulnerando a todas luces la legislación ambiental, el actual Gobierno actúa con responsabilidad para poner en orden la situación en lo referente a los vertidos”.
En este sentido, “en el tiempo que lleva el actual ejecutivo local se ha regularizado el reciclaje de restos de muebles con su traslado a la planta de Casares, se ha cerrado el vertedero municipal que funcionó de forma ilegal durante 18 años y se está trabajando para encontrar una solución definitiva al vertido de escombros”.
Medidas
En relación a esta última cuestión, el concejal de Limpieza, Francisco García, ha explicado que “mientras el Ayuntamiento promueve una solución, que pasaría por que un gestor autorizado se encargue de los vertidos de obras, se ha adoptado una vía gratuita para los escombros domésticos que son competencia municipal”.
De esta forma, existen cubetas a la entrada del antiguo Centro Ambiental en el que se pueden depositar de forma totalmente gratuita los escombros domésticos en horario de mañana, atendidos por un operario municipal.
Otra de las medidas que ha adoptado el Ayuntamiento en este ámbito pasa por el plano jurídico con el fin de estudiar la resolución del contrato y las posibles sanciones a la concesionaria del Centro Ambiental tras el cierre unilateral de la empresa.
Por último, el delegado municipal de Seguridad Ciudadana, Javier Porcuna, ha anunciado que esta semana se pondrá en marcha un operativo de la Policía Local para controlar los vertidos ilegales en lugares no autorizados del municipio, adoptando las sanciones que establezca la legislación.
“El cinismo del PP no tiene límites intentando culpar falsamente al Ayuntamiento y dando cobertura a los que contaminan y llevan a cabo ilegalidades”, ha apuntado el edil.
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