María Antonía Morilla ha comparecido esta mañana en rueda de prensa en la urbanización Ric-Mar de Las Chapas, zona afectada por el incendio de agosto, en compañía de los diputados provinciales Pedro Fernández y Miguel Díaz, este último también concejal de Marbella.
La primera de las mociones, ha señalado Morillas, es para solicitar a la Diputación que haga un control y una fiscalización más rigurosa de los desarrollos de los 38 planes locales de emergencia que elaboran sus servicios técnicos para los municipios malagueños a fin de garantizar lo previsto en ellos, especialmente en lo relativo a la evaluación de planes locales de defensa. “Se trata de ver cuáles son los elementos que no se están desarrollando, como los planes de autoprotección que los ayuntamientos tienen que exigir a las urbanizaciones y propietarios de terrenos forestales, y que es uno de los elementos que más se pone en cuestión. Hay muchos municipios que no los requieren o, si lo hacen, los privados no lo cumplen”, ha añadido.
La segunda propuesta de IULV-CA, ha añadido la portavoz, será para pedir a los servicios técnicos de la Diputación que insten a los municipios con planes de prevención de incendios a que realicen requerimientos a las urbanizaciones y propietarios de las zonas forestales y urbanizaciones privadas a fin de que elaboren sus planes de autoprotección y los mantengan activos.
La tercera moción, continuó Morillas, servirá para solicitar que los servicios técnicos de la Diputación creen una Red de Alerta Temprana bajo la coordinación del INFOCA para la coordinación de colectivos voluntarios de ecologistas, naturalistas, animalistas, excursionistas, espeólogos y asociaciones sin ánimo de lucro para conocer y tener información del nivel de ejecución y consolidación de los Planes Locales de Incendios Forestales, planes de autodefensa, identificación de actividades potencialmente originarias de crear un incendio, valoración del riesgo de incendios según diversos parámetros, ejecución de trabajos silvícolas, estado de cortafuegos, infraestructuras e instalaciones de apoyo para la detección y extinción de incendios, los puntos de abastecimiento de agua y su accesibilidad, puntos de vigilancia, pistas de aterrizaje de helicópteros, propuesta de intervenciones en zonas forestales y demás mecanismos contra incendios forestales en la provincia.
María Antonio Morillas ha recordado que la Diputación presentó en marzo un mapa en el que se indicaban las zonas de Málaga con más riesgos de sufrir incendios y que evidenciaba que hasta un 30 por ciento de la provincia presentaba una situación de elevado riesgo.
Morillas ha asegurado que los 38 planes locales de emergencia que se presentaron en la Diputación, once de ellos de municipios de la Costa del Sol, se encuentran “obsoletos, caducos y tienen una efectividad más que cuestionable”. “Donde hay que insistir más, desde el punto de vista de la financiación como de los esfuerzos técnicos, es en la política de prevención”, ha señalado.
Morillas ha comentado que apagar un incendio cuesta unos 3.000 euros por hectárea, mientras que una política preventiva “es mucho menos costosa”.
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