Por tanto, el tribunal acepta la medida cautelar que había pedido el PSOE y paraliza el procedimiento de adjudicación que se está llevando a cabo, aunque aclara que esta decisión no afecta al plazo concedido para la presentación de ofertas por empresas interesadas.
El Ayuntamiento, eso sí, no podrá avanzar más hasta que este órgano administrativo decida sobre el fondo del asunto, que no es otro que las irregularidades que podría contener el pliego de licitación, según la impugnación de los socialistas.
El concejal y exalcalde José Bernal ha anunciado esta mañana en rueda de prensa esta decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía.
"Ha admitido nuestro recurso y ha intuido indicios de perjuicio para el Ayuntamiento y para los trabajadores municipales en un pliego que tiene muchos defectos y que puede beneficiar a unas empresas por encima de otras", ha dicho.
Además, Bernal ha recordado un aspecto que llevan repitiendo en su partido desde que se conoció este asunto. "Este pliego se parece mucho a los que se están investigando en la trama Púnica de corrupción del PP", ha señalado.
"Nosotros defenderemos los intereses de los ciudadanos del municipio, la mejor prestación posible de los servicios, la transparencia en los pliegos y a los trabajadores municipales, que no queremos que los arrinconen con una privatización perjudicial para las arcas del Ayuntamiento", ha dicho.
Inicio del expediente
Hay que recordar que el equipo de gobierno bipartito del Ayuntamiento de Marbella puso en marcha el pasado mes de noviembre la "licitación y servicio del alumbrado exterior de la ciudad de Marbella", por un importe de adjudicación de más de 25 millones de euros para 15 años.
El plazo inicial para la presentación de ofertas concluía el pasado 26 de diciembre, pero se decidió ampliarlo hasta el 16 de abril.
Desde el PSOE, en su etapa en el equipo de gobierno, ya paralizaron un proceso similar que había dejado previsto el PP durante su anterior etapa en el Ayuntamiento.
Al retomar el gobierno, los populares volvieron a ponerlo en marcha y se encontraron con la oposicion frontal de los socialistas, que el pasado mes de diciembre anunciaron que impugnarían el procedimiento ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
Uno de los aspectos principales en los que han centrado sus críticas, además de las similitudes que pueda haber con otros investigados en la Púnica, es que el contrato estará sujeto al precio de la electricidad, con lo que hace suponer que el coste final para las arcas municipales será muy superior.
Según explicó en su día la concejala Blanca Fernández, el recibo de la luz ha subido un 57% desde 2009, con una media de un 7% anual, lo que podría elevar el coste de este servicio para las arcas municipales hasta los 41 millones de euros.
Tampoco están de acuerdo en que esta licitación hace que "se pierda la titularidad pública de las instalaciones eléctricas en la vía pública", y además sostienen que refleja que la garantía de los suministros es de solo un año, con el que el coste posterior recaerá en el Ayuntamiento.
Otro aspecto fundamental, que genera el "máximo rechazo" por parte del PSOE es que el mantenimiento del alumbrado ya no lo harán los trabajadores municipales, en lo que denuncian como una nueva privatización.
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