El juez Castillo del Olmo, titular del Juzgado de 1ª Instancia número uno de Marbella, ha remitido a este digital una nueva reflexión sobre la Justicia en Marbella, en este caso extensible a la parte oeste de la provincia.
Sostiene que existe una situación de "discriminación" respecto a Málaga capital, ya que en un municipio de la importancia de Marbella no hay juzgados Penales, de Menores, de lo Social o de lo Contencioso-Administrativo.
Esto hace que se tengan que producir constantes desplazamientos a Málaga tanto de testigos, peritos, abogados, procuradores, etc.
Cita una larga lista de ciudades que, como Marbella, no son capitales de provincia: Algeciras, Motril, Avilés, Gijón, Langreo, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Ponferrada, Talavera de la Reina, Arenys de Mar, Granollers, Manresa, Vic, Vilanova i la Geltrú, Figueras, Reus, Tortosa, Benidorm, Torrevieja, Orihuela, Vinarós, Alzira, Gandía, Don Benito, Plasencia, Ferrol, Cartagena, Lorca, o Baracaldo.
"En todas hay juzgados de lo Penal, en algunos de lo Social, de lo Contencioso, de Menores, y hasta Segunda Instancia…", señala.
"Si esto no es discriminación, que alguien me lo explique, y de paso me argumente por qué en otras ciudades de España donde se dan circunstancias similares no se sigue la misma estructura organizativa que en la ya hiperpoblada Costa del Sol", añade.
Hay que recordar que este magistrado ya envió a este digital el
pasado 13 de octubre una carta abierta sobre la penosa situación de la sedes judiciales de Marbella.
El texto íntegro de la nueva carta es el siguiente:
Marbella & Estepona. Radiografía de una discriminación en Justicia. 10 razones
A tí, ciudadano que resides en Marbella, en San Pedro, Estepona, Manilva, Casares, o Sabinillas... A tí, ciudadana que habitas - como otros cientos de miles de personas - en lo que técnicamente se denomina la jurisdicción o territorio de los partidos judiciales de Marbella o Estepona. A vosotros, que por tanto sois destinatarios directos del servicio público de Justicia que se imparte desde los juzgados de Marbella o Estepona. A vosotros y vosotras, como digo, va dirigida esta información.
Debes, debéis saber que, como usuarios del esencial servicio público que representa la Justicia, del que formo parte, sois objeto, o sujetos, de una discriminación, y de que, precisamente porque la constato a diario, tengo el deber de denunciarla.
Siempre -y esto debe quedar claro- desde el máximo respeto hacia todo aquel que se sienta afectado o perjudicado por mis palabras, pero, a la vez, bajo juramento de albergar la mejor de las intenciones y propósitos de cara a la subsanación de una serie de hechos y circunstancias que, desde mi punto de vista, y fruto de la experiencia, sin duda concurren.
Como están ahí, todos los días, a mi lado, resonando en la puerta de mi conciencia, merecen respuesta institucional a cargo de quienes hoy día tienen a su cargo el manejo de los fondos públicos.
Huelga añadir que los de hoy no son los de antes, pero con más razón deben saberlo, porque las personas a quienes gobiernan seguro que son su mayor preocupación.
Es pertinente enumerar, a continuación, todas y cada una de las discriminaciones en cuanto al trato que, en abstracto, se dan en Justicia en este territorio, convirtiendo al ciudadano y ciudadana de Marbella, San Pedro, Estepona, Manilva, Casares, Sabinillas, en ciudadano de segunda categoría desde el prisma de la eficaz, diligente y en definitiva mejor prestación del servicio al que me vengo refiriendo:
1. Todas las víctimas de delitos en estos partidos judiciales del oeste de Málaga deben saber que casi todos los juicios serán en Málaga capital. Entre ellas, las de violencia de género. Deberán desplazarse allí, y no solo ellas, sino también sus testigos, peritos, abogados, procuradores… Hasta a veces el Fiscal, desde Marbella. Esto no ocurre si vives en Málaga, localidad distante que por razón precisamente de ello disuade de algún modo a la hora de que un testigo pueda querer desplazarse. No desconozcamos el derecho. Esto se traduce en centenares de suspensiones de juicios, viajes frustrados a la capital… y, si se me permite, una dificultad añadida para alcanzar una respuesta judicial más justa.
2. Todas las personas que se sientan despedidas injustamente, o todos los empresarios denunciados por incumplimientos de la normativa laboral, o los mismos empresarios que legítimamente quieran reclamar o defenderse, tendrán que desplazarse a Málaga para celebrar el juicio. No solo ellos, también sus testigos, peritos, abogados, procuradores…Esto no ocurre en Málaga.
3. Todos los menores a los que se atribuya una acción presuntamente delictiva, olvídense, tendrán que ir a Málaga. Aquí no hay Juzgados de menores, ni Fiscalía de Menores. Todas sus familias, testigos, abogados, todos a Málaga.
4. Si quieres demandar a la administración porque te están cobrando indebidamente un impuesto, te han denegado una licencia a la que crees que tenías derecho, o te han puesto una multa claramente injusta, que puede ocurrir, no, no tendrás juzgado cerca. Tendrás que desplazarte a Málaga, a más de una hora, gastar más dinero que los demás, destinar más tiempo, energía…
5. Todas las sedes judiciales son de naturaleza tercermundista. No ocurre en Málaga.
6. Mientras en Málaga todas las sedes, todos los juzgados, están en el mismo lugar, en el mismo edificio, en Marbella y Estepona el ciudadano y el profesional se ven continuamente perjudicados por el hecho de disponer de hasta seis sedes judiciales. Créanme, esto es pura ineficiencia y sobregasto.
7. Todo el personal de justicia, todo, cobra menos en Marbella y Estepona (sobre todo) que en Málaga, realizando el mismo trabajo, y en peores condiciones. En algunos casos la diferencia es escandalosa. Ello se traduce en que los puestos de trabajo se ocupen por menos tiempo, porque todo el mundo tiene derecho a querer prosperar. Esto te perjudica, porque una oficina judicial necesita permanencia.
8. La gestión directa del personal y medios materiales de la justicia (informática, reparaciones, averías de todo tipo, taxis, edificios…) se realiza desde la capital. No hay nadie a quien llamar ni en Marbella, ni en Estepona.
9. Los abogados y procuradores de oficio que tienen que defenderte por la misma y reducida retribución que perciben los de Málaga, sin embargo, tienen que pagarse sus desplazamientos a juicio, muchas veces haciendo uso de la autopista incluso, destinando toda la mañana a celebrar un juicio en la capital, bien penal, bien laboral, bien contencioso. Esto no ocurre si eres abogado de oficio en Málaga.
10. Y si quieres acudir a una segunda instancia, es decir, a que un órgano colegiado judicial resuelva tu recurso frente a la sentencia que dicta un juez en primera instancia, no pienses que será cerca de tu casa. Tendrás el derecho fundamental reconocido, pero tú habrás que desplazarte, o bien pagar a un abogado para que necesariamente lo haga. Esto no ocurre si resides en Málaga.
En realidad podría estar todo el día enumerando hechos objetivos que sugieren como real, en el peor de los casos, una apariencia de discriminación singular de trato en materia de Justicia a los ciudadanos de esta parte de la gran provincia que es Málaga, y que se traducen, a mi juicio sin duda, en que no se han eliminado las barreras, hasta el momento, para que el servicio de Justicia se preste en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos de la provincia con independencia de la ciudad en que residan.
De facto, diríase que simple hecho de residir en las ciudades a las que acabo de referirme -y entre ellas Marbella y Estepona resultan ejemplo indiscutible- perjudica, y no solo a los ciudadanos, sino también a los profesionales en materia de Justicia.
Debe saberse que en un momento de la historia -hace unos veinte años- esta desigualdad que ya asomaba no se salvó, no se subsanó, y he oído que fue porque se desconfiaba de que alguno de los profesionales de la justicia en Marbella pudiesen sucumbir ante la “corrupción imperante” durante “la época del Gil”. Yo sobre esto, obviamente, no puedo opinar, porque andaba opositando, pero la realidad es que puede que esta fuese una de las razones hoy no existentes por las que a ti, ciudadano, se te privó indirectamente, de cara al futuro, de un juez de lo penal, de un juez de lo social, de lo administrativo, de una segunda instancia más próximas, y así, para más de trescientas mil personas, desgraciadamente se dio pie una justicia menos cercana, ágil y eficaz, con otra velocidad….
Contra esta posición u opinión a favor de acercar más la Justicia al ciudadano en determinados casos se alzan algunas voces que defienden que en realidad todas las sedes debieran estar en la capital, donde debiera crearse -ya digo, es una opinión- un solo Tribunal para toda la provincia y para todos los asuntos, al que todos hubieran de desplazarse.
Es un parecer respetable, como todos, mas algo extremo a mi juicio (como lo sería defender un juzgado para cada pueblo ), aparte de provenir, en la mayoría de los casos, de aquellos que no “padecen” día a día el agravio comparativo y acaso tienen un contacto más distanciado con algunos de los problemas reales que derivan del exceso de centralización. Se trata además de personas que igual no se han planteado vivir en un pueblo como opción de vida.
O simplemente nunca han tenido un pleito.
Las desigualdades objetivas de trato a que acabo de aludir son una realidad. Al ciudadano, al Abogado, al Procurador, al Funcionario, al Letrado judicial, al Fiscal, Forense y juez que sirven o trabajan en Marbella, y no digamos en Estepona, les sale bastante más cara la Justicia, su vida en definitiva, que al que no es de o no vive allí. Y esto también ocurre si hablamos del ciudadano. Quienes defienden la unidad judicial provincial quizás desconocen en parte la realidad social, y si llevan razón, es solo, como digo, parcialmente, y a propósito de partidos judiciales que verdaderamente tienen un tamaño muy reducido, y gran proximidad con otros que prestan igual servicio. Solo en relación con estos cabría plantearse, acaso, su desaparición, aunque en el fondo es prácticamente imposible, y todo el mundo lo sabe.
Lo cierto es que lo descrito con mayor o menor capacidad argumentativa hasta esta línea es lo que yo siento y percibo que ocurre a mi alrededor. Es posible que me equivoque. Pero es incontestable que los profesionales que deciden vivir aquí deben, necesariamente, renunciar a promoción profesional. Y que los abogados y procuradores, directamente, tienen que gastar mucho más dinero en desplazamiento, vehículos, y destinar más tiempo a su trabajo físico en juzgados, “descuidando” sus despachos y, por tanto, y a su vez, renunciando a la posibilidad de sacar más trabajo adelante y crear prosperidad.
Así es, créeme. Y tú, víctima de malos tratos, de cualquier delito, de discriminación en el trabajo, de un despido injusto, o de una reclamación infundada, tendrás que pagarte de tu bolsillo un dinero que si fueras de la capital no tendrías que satisfacer. Tu vida, judicialmente hablando, sería más fácil.
Si esto no es discriminación, que alguien me lo explique, y de paso me argumente por qué en otras ciudades de España donde se dan circunstancias similares no se sigue la misma estructura organizativa que en la ya
hiperpoblada Costa del Sol. Sepa el ciudadano que mientras en otras muchas localidades españolas hay juzgados de lo penal, teniendo menor población o incidencias, esto no ocurre en la gran Marbella y floreciente Estepona, que por su importancia, extensión y población, deberían, al menos, contar -a mi juicio en Marbella por tener más población- con cuatro juzgados de esta naturaleza, además de con juzgados de lo social, contencioso administrativo, y sección de Audiencia Provincial.
Esta última, que sería la undécima discriminación, en relación, ya no con Málaga, sino con muchos otros partidos judiciales, puede perfectamente deducirse sin gran
esfuerzo si nos comparamos con otras ciudades que no son capital de provincia. Escuchen:
Algeciras, Motril, Avilés, Gijón, Langreo, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Ponferrada, Talavera de la Reina, Arenys de Mar, Granollers, Manresa, Vic, Vilanova i la Geltrú, Figueras, Reus, Tortosa, Benidorm, Torrevieja, Orihuela, Vinarós, Alzira, Gandía, Don Benito, Plasencia, Ferrol, Cartagena, Lorca, o Baracaldo.
En todos hay juzgados de lo penal, en algunos de lo social, de lo contencioso, de Menores, y hasta segunda instancia…
Esta información la pueden comprobar si leen la Ley de Planta y Demarcación Judicial. Espero que concluyan, conmigo, que algo raro pasa cuando en todas las ciudades que acabo de decir, y por supuesto en todas las capitales de provincia ( incluidas las que tienen menos población que Marbella ), los ciudadanos tienen juzgados de lo Penal, y en muchos casos, además, como digo y reitero, segunda instancia y juzgados de lo social, o de lo contencioso, o incluso de menores, a menos de media hora de su casa, o simplemente cerca . ¿Y aquí?
Aquí no.
Si esto no es causa y efecto de una discriminación, es evidente que los veinticinco años que llevo estudiando derecho no han servido para nada.
Y finalizo diciendo que, expuesto lo anterior, debe remarcarse que de ello no tienen la culpa, obviamente, ni los ciudadanos ni los grandes profesionales de la maravillosa capital malagueña. Tampoco es necesariamente un reproche a los actuales gestores en materia de justicia. Tal sería una conclusión precipitada y no ajustada al propósito de estímulo que subyace en esta información que suministro al ciudadano.
Lo que ha ocurrido es que, de algún modo, el crecimiento progresivo, desordenado, y en algunas ocasiones hasta brusco, de la población de la Costa del Sol oeste, que en verano puede llegar al millón de habitantes o más, unido a la principal atención que han merecido otras prioridades o focos de interés político, han dado lugar a que, en definitiva, no hayan sido proveídas adecuadamente, por la administración o gobiernos competentes, las desigualdades que describo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras zonas de España..
Bien por desconocimiento, bien por falta de suficiente impulso, bien por otras razones en que prefiero no adentrarme por improductivo, la realidad es que quien acude a los juzgados en este extraordinario rincón de España -
que sigue creciendo exponencialmente en población, a la vista está con los últimos censos de Marbella y Estepona- tiene más dificultad para “llegar al juez”, si se me permite la expresión, que en muchas otras ciudades y pueblos de la geografía nacional, y por supuesto, que en la capital, que es sede de los juzgados mejor dotados en lo material, de la sede central de los Colegios Profesionales, de los centros de mediación y arbitraje profesional, de los juzgados penales, sociales, administrativos, de menores…
Tiene solución. Por ello deseo que esta comunicación, que debo realizar en cumplimiento de mi deber de velar por la prestación del servicio de justicia en las mejores condiciones posibles, se interprete como una
llave para abrir la puerta al progreso y mejora de la Justicia en Marbella y Estepona, sin otro ánimo que el de equipararlas los más posible a la capital, y a otros muchas ciudades de España.
Una vez más, disculpas por cualquier exceso en la expresión, y mi más firme voluntad de contribuir a la mejora del servicio. Hay quien me dice que esto es soñar, pero qué duda cabe, la ilusión se alimenta de sueños, y la desilusión se nutre de la desidia.
Miguel del Castillo del Olmo
Magistrado de Marbella