Un año y medio de prisión para Roca por el caso de la desaladora

La sentencia, a la que ha tenido acceso Marbella24horas, sostiene que se ha producido un "delito ya definido de malversación de caudales públicos continuado con la agravación de especial gravedad, concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas"

Por ello, se le impone una pena de dieciocho meses de prisión y siete años de inhabilitación absoluta.

Además, se le condena por un "delito de prevaricación administrativa a la pena de cinco años de inhabilitación absoluta".

También deberá Indemnizará al Ayuntamiento de Marbella en la cantidad de 10.708.000 euros por la cantidad que esta institución abonó por la expropiación de los terrenos para desaladora a Topoca Trust Reg Vazuz.

Por último, indemnizará a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol en las cantidades que se vea obligada a abonar por la expropiación de los terrenos ocupados.

Ante la sentencia cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Se considera probado que, con Jesús Gil como alcalde de Marbella, se crearon sociedades "alejándose de la aplicación del derecho administrativo y con el fin de convertir el patrimonio municipal en beneficios privados".

Juan Antonio Roca estaba al frente de Planeamiento 2000, que controlaba el urbanismo. También estaba al frente de una sociedad vinculada a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

Desta esta institución se decidió en 1995 la construcción de una desaladora, para lo que se utilizó el modelo de concesión pública, a través de una empresa que cobraría un canon de explotación. 

De la gestión para conseguir los terrenos se encargó Roca y el dinero se ingresó en la cuenta de Planeamiento 2000, desde donde se extranjeron distintas cantidades, según la sentencia. 

En dicha cuenta entraron 125 millones de pesetas, que ahora serían unos 751.000 euros, y que "fueron extraídos y hechos suyos por Juan Antonio Roca", añadiendo que "pese a haber recibido el dinero anticipado, no se tramitaron los expedientes de expropiación ni se abonó justiprecio alguno".

Además, se realizaron distintas ajudicaciones sucesivas de las obras en las que se "obviaron todas las normas administrativas de control y publicidad".

"Las cantidades detraídas fueron aquellas que se destinaban al precio de las expropiaciones", considerando que se debe aplicar la agravación de especial gravedad en el delito de malversación.