Nueva vuelta de tuerca en la polémica alteración de términos municipales entre Marbella y Benahavís. Esta vez ha sido en forma de sentencia judicial, con fecha de 9 de febrero, sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella.
A instancias de una de las múltiples denuncias que tiene en los tribunales este documento urbanístico, en este caso por parte de una empresa que se sintió perjudicada, el TSJA anula ahora la parte que se refiere a las lindes entre estos dos municipios.
La sentencia avala una de las denuncias que había realizado el movimiento ciudadano en relación a que el 28 de julio de 2009 se produjo una alteración del PGOU que había elaborado el equipo redactor un mes antes, en el que se reflejaban las lindes históricas, pero que se cambiaron antes de la aprobación en el pleno. Esto produjo una discrepancia que motivó la apertura de oficio del expediente por parte de la Junta.
Ahora el TSJA, entre otros aspectos, dice que no cabe realizar esa modificación y la anula. Sostiene que un plan general no puede alterar lindes y que es nulo el intento de legalizar las construcciones realizadas en suelo rústico solo en base a una situación de hecho.
Por este motivo, al no existir ya, cuando la sentencia sea firme, ninguna divergencia sobre dónde están los límites, el movimiento entiende que no tiene sentido seguir adelante con el actual expediente que está en marcha, por lo que piden que se archive de forma inmediata.
Aún cabría un recurso de casacion ante el Supremo, que este grupo de ciudadanos entiende que no procedería ni por parte del Ayuntamiento ni de la Junta, aunque están a la espera de qué movimientos puede hacer, sobre todo, el Consistorio.
"Esta sentencia anula el PGOU en esta parte y, por tanto, las discrepancias que originan el expediente de deslinde, vuelve a poner los terrenos en Marbella", ha explicado Carola Herrero, miembro de este movimiento, durante la rueda de prensa que han ofrecido esta mañana.
Ha señalado también que "queda claro que no se pueden legalizar irregularidades de esta forma y que se deberían haber sometido al proceso de regularización como el resto de viviendas del municipio".
Alegaciones
Por tanto, esta polémica parece tomar otra nueva dimensión, aunque este colectivo sigue adelante con sus actuaciones. De momento, ha presentado alegaciones al expediente de deslinde que está en marcha, avaladas por 2.780 firmas, según han informado.
Entre ellas, sostienen que no existe interés general para hacer el cambio de lindes ya que los vecinos afectados son siete, dos en Marbella y cinco en Benahavís.
Además, este movimiento continúa con otro tipo de acciones. Han solicitado la recusación de la alcaldesa en cualquier decisión que tenga que ver con este asunto ya que consideran que tiene intereses personales. Incluyen en esta postura el voto favorable que dio en el pleno del pasado 28 de noviembre.
Piden también que se hagan las correcciones oportunas en el registro de la propiedad y en el catastro para que fincas que son de Marbella dejen de estar inscritas en Benahavís. "Se están perdiendo miles de euros en tributos como el IBI que está cobrando el municipio vecino", sostuvo Cristina Falkenberg.
Por último, anunciaron que se van personar en la tramitación del PGOU de Benahavís para reclamar que no se invada suelo de Marbella.
En todos estos temas, han mostrado su extrañeza sobre la pasividad del Ayuntamiento a la hora de defender sus intereses ante el otro municipio.
Ayuntamiento
El Equipo de Gobierno no ha tenido de nuevo el más mínimo reparo en volver a responder a este grupo de ciudadanos y en acusarles de "moverse por intereses políticos" y de "tratar de estirar una polémica artificial hasta las elecciones municipales".
El portavoz municipal, Félix Romero, ha recordado que la demanda fue interpuesta hace 5 años y es similar a la que presentó Javier de Luis, integrante de la plataforma antideslinde, y que fue archivada. En este caso no ha sido así, por lo que sorprende que aporte este dato.
El Ayuntamiento vuelve a invocar el informe del Secretario municipal que, en su curiosa interpretación, señala que no puede haber nadie que se beneficie con el deslinde puesto que los terrenos tendrá la misma calificación en uno u otro municipio independientemente de cómo se resuelva el expediente.
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