Paralizan por 30 días el desahucio de la Corrala La Urba en Marbella

La información la han facilitado los propios afectados, en una comparecencia en la sala de prensa del Ayuntamiento, en la que han estado acompañados por la concejala de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) Victoria Mendiola y por el abogado José Cosín.

La decisión la ha tomado el juez ante la buena disposición del propietario y con la idea de que se busque una solución a estas familias, entre las que hay más de 20 menores de edad, antes de echarlas de las viviendas que tienen ocupadas en la urbanización Costa Estrella de Nueva Andalucía, según ha explicado Cosín. 

Estas personas reconocen que se encuentran en esas casas de forma ilegal, pero lo justifican en que su situación económica no les permite acceder a una vivienda. Aseguran que quieren pagar, pero reclaman un alquiler social acorde con sus ingresos.

La ocupación, que se lleva prolongando durante los últimos años, iba a tener su fin este miércoles con el desalojo de las familias, tras dar el juez la orden de lanzamiento, que finalmente se ha parado, aunque solo por espacio de un mes.

Durante este tiempo, desde la Delegación de Derechos Sociales se han comprometido a estudiar cada caso y decidir las ayudas que se les pueden ofrecer. Cajasur Inmobiliaria ha preferido que el desalojo sea pacífico y tras encontrar una solución. 

Manuel Cardeña

En la rueda de prensa se han vertido críticas contra el anterior concejal de Bienestar Social, Manuel Cardeña. "Estas personas le entregaron los documentos para que tramitara ayudas pero no llegaron al Ayuntamiento, esos expedientes ahora no aparecen", dijo José Cosín.

Reconoció que desde el PP sí habían conseguido paralizar un primer desahucio, pero que desde la institución "les dejaron abandonados". 

Cristina, una de las afectadas que han intervenido ante los medios, señaló que "Cardeña nos ha dejado a nuestra suerte, hemos sido víctimas de un engaño".

También explicó que lleva dos años ocupando una de estas viviendas. "Estábamos de alquiler pero nos quedamos sin empleo y no podíamos seguir pagando, me dijeron que había una casa vacía y la ocupé". 

Víctor, otra de las personas que se encuentra en estas casas, ha dicho que "trabajo solo unos meses al año y no me da para pagar un alquiler normal, más la luz y el agua, es imposible, pido un contrato de alquiler social".

Desde CSSP, Victoria Mendiola mostró su satisfacción por haber contribuido a través de su grupo municipal a conseguir este margen de 30 días, en un "trabajo de equipo" en el que también destacó la aportación de Victoria Morales, concejala de Derechos Sociales. 

José Cosín añadió que "celebramos que el Ayuntamiento ahora nos haya ayudado y haya escuchado a estas familias que no piden nada gratis, quieren pagar, pero tienen problemas de paro y de integración social, su único delito es ser pobres". 

Según anunció el Ayuntamiento, el pasado miércoles día 16, técnicos municipales y el responsable de Derechos Sociales visitaron a las familias para elaborar informes individuales sobre su situación socioeconómica. 

Desde la delegación se recordó que tienen un registro de demandantes de vivienda, en el que se reseña mediante un informe técnico la situación de cada una de las familias, y en el que "no existen datos" sobre la Corrala de la Urba, cuyas familias podrán entrar ahora si los técnicos así lo recomiendan.