- Siguen las alegaciones por el crematorio en el cementerio de San Pedro.
El grupo municipal por San Pedro y Nueva Andalucía (OSP) ha presentado hoy alegaciones al proyecto de ampliación y la inclusión de un crematorio en el actual cementerio de San Pedro Alcántara. Opción Sampedreña ha reflejado en sus alegaciones que "este proyecto no cumple la ley y no se puede ampliar". "El cementerio de San Pedro está ubicado en el casco urbano, a escasos metros de centros educativos y viviendas, y esto hace que la ampliación sea imposible".
OSP ha alertado en su escrito que el Ayuntamiento de Marbella adquirió en septiembre de 2001 una parcela contigua a la del actual cementerio y es en ella donde se pretende hacer el nuevo tanatorio, pero que esto no es posible ya que la ley estipula que la ampliación de cementerios que supongan un incremento de su superficie estará sujeta a los mismos requisitos que los de nueva construcción.
Además, el expediente que el Ayuntamiento presentó el año pasado ante de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía hacía exclusivamente referencia a obras de reforma/ampliación de nichos, constando claramente que esto no constituía una ampliación de la parcela o incremento de superficie del cementerio municipal.
"La conclusión es que la ley prohíbe la ampliación de la superficie del cementerio, tanto dentro como fuera de su perímetro, y la única autorización existente es para hacer una reforma del actual cementerio. El tanatorio no tiene lugar, y un crematorio menos aún", han apuntado desde OSP.
"La solución para San Pedro Alcántara pasa por la construcción de un nuevo cementerio y/o tanatorio en otra ubicación, como por ejemplo podría ser la zona del polígono industrial, y así se lo expusimos a Alicia Jiménez hace un año pero no nos quiso hacer caso".
Este mismo posicionamiento es el de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Salud, que ya en 2007 advirtió a la Comisión Gestora que "dada la situación del cementerio, en el casco urbano, es necesario que se prevea la construcción de uno nuevo, que cumpla lo previsto en el artículo 39 y 41 del Decreto 95/2001 de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria".
"Le pedimos hace ya más de un año que no perdieran el tiempo empecinándose en un proyecto que incumple la ley y que la Junta de Andalucía no iba a permitir, pero hicieron oídos sordos y siguieron adelante", han lamentado desde OSP, quien se ha cuestionado "¿Por qué Ángeles Muñoz y su equipo siguen testarudamente con esta actitud y no hacen las cosas legalmente y con visión de futuro?".
En otra de las alegaciones presentada hoy, OSP solicita la paralización de este proyecto que incluye un crematorio porque "el PGOU vigente prohíbe expresamente que se puedan construir hornos crematorios en suelos urbanos o urbanizables distintos del uso global de actividades económicas por ser una actividad potencialmente contaminadora para la atmósfera".
El grupo apunta que en los documentos y planos a los que ha tenido acceso se describen claramente salas destinadas a incineración y crematorio, además de la instalación de un tanque de gasóleo para los quemadores del horno. Otro de los documentos a los que ha tenido acceso OSP y que también hace claramente alusión al crematorio, ha sido al preceptivo informe de bomberos en el que con motivo de la petición de licencia de obra el técnico informa de que "al acceso al crematorio […] debe disponer de vestíbulo por ser local de alto riesgo".
OSP ha insistido de nuevo y se ha preguntado si "¿De verdad que con estos datos Ángeles Muñoz va a seguir negando que se instalará un horno crematorio? ¿Cómo se puede mentir tan descaradamente? ¿O es que hace proyectos que ni siquiera conoce? La alcaldesa debería responder a las preguntas que le estamos haciendo".
"Sería interesante que los medios de comunicación y los ciudadanos interesados se acerquen a revisar el expediente y comprueben ellos mismos como el proyecto incluye un tanatorio aunque del PP de Marbella siga negándolo sin aportar un solo documento".
Por otra parte, OSP también ha reflejado en su moción la vulneración al derecho de información dentro de plazo para presentar alegaciones de un expediente sujeto a información pública, limitando e impidiendo el ejercicio de los ciudadanos interesados en el proyecto a obtener información sobre el estado de tramitación de los expedientes, así como el derecho a obtener copia de los documentos contenidos en ellos.
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