Muñoz aprovecha la crisis para recortar derechos a los trabajadores municipales

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, quiere aprovechar la crisis económica que está generando la pandemia para llevar a cabo estos cambios y recortar el Capítulo I (gastos en personal) en los presupuestos municipales. 

El primer paso se dará en el pleno ordinario de este próximo viernes, donde se aprobará la denuncia tanto del convenio colectivo como del acuerdo socieconómico, documentos que datan de 2004, última vez en la que se pactaron. 

Denunciarlos es un paso previo y necesario por alguna de las partes, en este caso el Ayuntamiento, para abrir la negociación, en la que el equipo de gobierno quiere eliminar algunos de los derechos que tienen los trabajadores actualmente. 

Por lo que respecta al convenio colectivo, que regula al personal laboral, la intención de la alcaldesa es eliminar la opción que ahora mismo tienen los empleados de, en caso de un despido improcedente, elegir entre cobrar una indemnización o continuar en su puesto de trabajo.

En concreto, se trata de la cláusula de readmisión del personal contemplada en la Disposición Final 15 del convenio sobre “ Garantía de Empleo”, que según el equipo de gobierno está "produciendo en lo económico, un importante incremento estructural del Capítulo I". 

Según un informe del director general de Hacienda, Mario Callejón, es necesario tomar "medidas urgentes" para reducir estos gastos, justificándolo también en el escenario de recesión económica por la Covid-19. 

Desde hace años, son muchos los trabajadores temporales que presentan una denuncia en los juzgados y finalmente logran un puesto de por vida en el Ayuntamiento. 

Esto no solo está incrementando la plantilla municipal, y con ello la partida para sueldos, sino que genera importantes salarios de tramitación durante todo el tiempo que dura el proceso judicial. 

En cuanto al acuerdo socioeconómico, que regula las condiciones de los funcionarios, la intención de Ángeles Muñoz es quitarles distintos conceptos retributivos. 

En este caso, para tomar la medida, la coartada de la regidora son los requerimientos que está haciendo el Tribunal de Cuentas tras una investigación que está realizando. 

Este órgano fiscalizador considera que muchos de las retribuciones extraordinarias que reciben los funcionarios no tienen cobertura legal. 

En concreto serían conceptos como la antigüedad por sexenios, fines de semana, premio de permanencia, plus de conducción, jubilación voluntaria, nocturnidad o liquidación por vacaciones no disfrutadas, entre otros. 

En el personal laboral, no tendría cobertura legal principalmente el complemento por mejora de la incapacidad temporal. 

También, el equipo de gobierno quiere eliminar dietas, desplazamientos y otras indemnizaciones. 

En total, por todos estos conceptos que cobran los trabajadores municipales puede suponer cerca de cuatro millones al año, según la documentación a la que ha tenido acceso Marbella24horas. 

Para hacer todos estos cambios, el equipo de gobierno se tendrá que sentar con los sindicatos, a través de la negociación colectiva. 

Hay un plazo de un año desde la denuncia de un convenio colectivo para acordar uno nuevo o que se dicte un laudo arbitral. En caso contrario, perderá vigencia y se aplicará el convenio de ámbito superior que exista. 

Por el momento, solo se ha pronunciado el Sindicato de Empleados Públicas de Málaga Sepma, a través de redes sociales. 

"Nos extraña el silencio de los demás compañeros, cuando probablemente tenían la misma información que nosotros. Pero es tiempo de cerrar filas entre todos porque las intenciones no son muy sanas y hay que luchar hasta el último suspiro para evitar ese atropello", señalan.