La marcha ha arrancado en la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el Muelle de Heredia, y ha accedido por la calle Larios hasta la plaza de la Constitución, punto en el que el decano, elegido recientemente, ha leído un manifiesto en el que se mostraba la oposión de este colectivo a la nueva legislación que ha aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy a través del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Muchos de los participantes han realizado el recorrido con sus togas, entre ellos los miembros de la Junta de Gobierno del colegio, y han coincidido en señalar, a través de Javier Lara, que la nueva norma "vulnera de una forma directa derechos fundamentales de los ciudadanos como el de la igualdad y la tutela judicial efectiva".
Lara ha reclamado la necesidad de que tanto los abogados como otros colectivos afectados salgan a la calle para "expresar su disconformidad". "No podemos permanecer en silencio", ha explicado, al tiempo que ha insistido en "no es suficiente" que se exima del pago a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género.
El decano ha apostado por el diálogo y ha señalado que la abogacía está dipuesta a "sentarse con el Ministerio y con todos los operadores jurídicos para buscar una solución a los problemas de la justicia", pero considera que el camino no es aplicar esta "medida recaudatoria que busca acabar con el colapso impidiendo el acceso a los ciudadanos".
"No podemos aceptar una imposición unilateral y de esta forma", añadió Javier Lara. Los miembros de la abogacía han estado acompañados también por cargos políticos como la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez, y el de Izquierda Unida, Pedro Moreno Brenes, además de miembros de sindicatos y de otras profesiones vinculadas como procuradores o empleados de despachos.
Durante el recorrido se han escuchado gritos contra el ministro como "Gallardón dimisión" y en la pancarta que abría la marcha figuraba el lema "Una justicia para todos".
Por lo que se refiere al manifiesto que ha leído Lara, destacaba que hay que dejar "de una vez por todas experimentos o iniciativas improvisadas carentes de eficacia alguna, que solo tienden a impedir o recortar el acceso de los ciudadanos a la Justicia sin percatarse de que el verdadero problema no son disfunciones puntuales sino el deplorable estado que sufre la Administración de Justicia"
"La hora de las grandes palabras ha terminado hace tiempo y se precisan personas capaces, expertas e imaginativas que traigan soluciones eficientes y eficaces", señalaba el manifiesto, en el que se pedia que se aúnen voluntades y que exista "un ministerio que oiga y escuche, que aglutine a todos en esa labor de empuje para superar el lamentable estado de la Justicia".
El texto destacaba también que con esta ley las personas con menos recursos económicos quedarán "indefensas a pesar de la protección constitucional", una discriminación que, para los abogados, vulnera uno derecho fundamental como es el de la Igualdad.
El decano ha destacado también que esta norma supone "una justicia para ricos y otra para pobres".
Establecer como página de inicio
Añadir a favoritos
