Marbella urge el cobro de multas del caso Malaya antes de que prescriban

El Tribunal Supremo hizo firme la sentencia del caso Malaya el 24 de noviembre de 2015. Han pasado, por tanto, seis años, sin que la mayor parte de los condenados haya pagado todavía las multas a las que debían hacer frente. 

Es el caso de tres de los testaferros del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, sobre quienes ahora el Ayuntamiento de Marbella va a exigir la ejecución forzosa del patrimonio que se les ha embargado durante este tiempo. 

Y es que, según la documentación a la que ha tenido acceso Marbella24horas, existe el riesgo de que el pago de estas multas prescriba, como ha ocurrido ya en algunos casos con las responsabilidades penales. 

Por ello, se quiere iniciar el procedimiento de apremio para que esos bienes inmuebles, ahora a la venta a través de internet en la web que impulsó la Audiencia de Málaga, se conviertan en dinero de forma rápida, por ejemplo con un subasta. 

El objetivo es garantizar el cumplimiento de al menos una parte de las multas a los abogados Juan Hoffmann, Salvador Gardoqui y Manuel Zubizarreta, todos ellos condenados por blanqueo de capitales en el caso Malaya. 

Al margen de la privación de libertad, se les impusieron penas económicas que en total suman 250 millones de euros, que no han pagado. 

Es un dinero que tiene que ir a las arcas del Estado y que sirve para reducir la deuda del Ayuntamiento con Hacienda y Seguridad Social, pero que el equipo de gobierno reclama que pueda revertir en proyectos para Marbella como ocurrió en 2019. 

Estos tres condenados formaban parte del entramado que tenía Juan Antonio Roca para blanquear dinero. 

Manuel Sánchez Zubizarreta dirigía un despacho de abogados en Madrid y fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 100 millones de euros. 

Salvador Gardoqui Arias dirigía la sociedad Mara Asesores desde la que Roca gestionaba sus negocios. Le cayeron cuatro años de prisión y una multa de 128 millones de euros. 

Juan Germán Hoffmann, considerado el testaferro internacional de Roca, fue condenado a tres tres años, tres meses y un día de cárcel y a una multa de 22 milones de euros. 

Se encuentra prófugo de la Justicia desde 2007. El pasado mes de julio, la Audiencia Provincial de Málaga acordó la prescripción de la condena penal. 

A los tres, como a otros condenados, se les han confiscado distintos bienes, sobre lo que ahora el Ayuntamiento de Marbella pide la ejecución forzosa para hacer frente al pago de una parte de las millonarias multas.

Consideran desde el Consistorio que "la exigibilidad pudiera también extinguirse por prescripción a falta de acción contra el patrimonio". 

Es un asunto que se someterá al pleno ordinario que tendrá lugar la próxima semana, algo que no parece necesario, pero que el equipo de gobierno del PP va a utilizar de nuevo políticamente. 

Y es que en esa misma sesión también se debatirá una propuesta del PP para solicitar al Gobierno que, como ya hizo en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, el dinero de las multas por causas de corrupción revierta en proyecto para Marbella.