En la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, el portavoz del Ayuntamiento, Félix Romero, ha confirmado que la institución, que actúa como acusación particular en el caso Malaya, va a solicitar la extradición.
Romero ha dicho que el equipo de gobierno ha pedido informes, tanto a la asesoría jurídica municipal como al gabinete externo, tras los que ha tomado la decisión de reclamar a la justicia argentina al que fue edil del GIL y después del Partido Andalucista.
Según ha explicado, al existir un delito continuado de cohecho pasivo en los condenados por Malaya, en el caso de Carlos Fernández aún no habría prescrito, por lo que puede ser juzgado por ello.
Por eso, el Ayuntamiento se va a sumar a la petición de extradición que ya ha formulado la Fiscalía de Área de Málaga. Además, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción la piden por el caso Saqueo 2.
"Es vital que se cierre el caso Malaya, del que quedaba que respondiese el último acusado, es un clamor de la ciudadanái que no se escapa de rositas", ha dicho.
El Ayuntamiento ya estuvo personado en su día en el caso Malaya, pero fue muy criticado por la oposición que no recurriese la sentencia de la Audiencia de Málaga, como sí hizo el fiscal y la Junta de Andalucía.
Esta mañana, Romero, sin que se le preguntara por ello, ha vuelto a querer justificar aquella decisión. "Entendimos que lo que recogía la sentencia sobre que las multas revirtiesen en el municipio era importante y nos habría una vía que luego se puede establecer en los Presupuestos Generales del Estado", ha dicho.
Lo cierto es que llamó mucho la atención que entonces el Consistorio no recurriese en casación una sentencia que causó indignación entre la ciudadanía por las penas tan bajas que planteó.
En cambio, ahora el Ayuntamiento sí ha decidido actuar contra Carlos Fernández Gámez, concejal que se fugó en 2006, tras estallar la operación Malaya, y que ha estado desaparecido hasta que fue detenido en Argentina a mediados del
pasado mes de septiembre.
En el caso Malaya está acusado acusado de cohecho, prevaricación, malversación y fraude, por supuestamente recibir 150.000 euros del exasesor de urbanismo y cerebro de la trama Juan Antonio Roca. Nunca, lógicamente, se le pudo juzgar.
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