La regidora se ha pronunciado esta mañana sobre la decisión, aún no plasmada en una sentencia, del Tribunal Constitucional de anular el método de cálculo de este tributo que cobran los ayuntamientos cuando se vende o hereda una vivienda.
En el caso de Marbella está suponiendo en torno a
30 millones de euros en los últimos años, un 9% aproximadamente de los ingresos del Consistorio marbellí.
Ahora esta recaudación está en el aire a la espera de una
nueva normativa que permita a los municipios equilibrar sus cuentas.
Muñoz ha señalado que, por el momento, la decisión que han tomado es la de
detener los presupuestos para 2022, que tenían previsto llevar a Junta de Gobierno el próximo lunes.
"Vamos a retrasarlo hasta que sepamos qué herramientas jurídicas podemos utilizar, a ver
qué decide el Gobierno sobre este tema", ha dicho.
No cobrar el impuesto de plusvalías supone la "quiebra total de los ingresos del Ayuntamiento" y que "no tengan viabilidad los servicios públicos".
La regidora no ha perdido oportunidad para cargar contra el Gobierno, pese a que la decisión la toma el Tribunal Constitucional.
"Se van a poner a hacer la nueva normativa, pero nosotros tenemos unos plazos muy definidos porque los presupuestos tienen que estar
en vigor el 1 de enero", ha dicho.
Lo cierto es que, a día de hoy, ni siquiera se conoce todavía la sentencia del Constitucional con los detalles, más allá de su decisión de anular este impuesto.
"Necesitamos que el Gobierno
se pronuncie de manera inmediata y nos dé seguridad a los ayuntamientos para tener garantizados estos ingresos", ha insistido la alcaldesa.
Muñoz ha recordado que en Marbella no se cobraba desde hace años la plusvalía por herencia, solo por compraventa.
La regidora ha realizado esta declaraciones en la rueda de prensa tras la Junta Local de Seguridad acompañada del
subdelegado del Gobierno, Javier Salas.
Lógicamente también se la ha pedido su opinión. "El Gobierno, antes de que se publique la sentencia, ya está preparando
un borrador para cambiar la ley y hacerla acorde a la decisión del Constitucional", ha dicho.
"Estamos a a la espera de conocer la sentencia, que acataremos y se adaptará la legislación", ha insistido.
También ha aprovechado para recordar que el Constitucional ha tumbado una normativa que puso en marcha
en 2003 con el Gobierno de Aznar.
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