A la regidora se le abre un nuevo frente judicial tan solo unos días después de que se haya archivado por segunda vez el caso PGOU, aún sin cerrarse definitivamente a la espera de más recursos.
Como estaba previsto, este martes han comenzando las declaraciones en calidad de imputados a diez de los doce cargos de alta dirección que en 2015, tras finalizar sus contratos, acudieron a los tribunales.
Ocho lograron quedarse para siempre en el Ayuntamiento, dos llegaron a un acuerdo y otros dos recibieron indemnización.
Durante aquellos procedimientos en los juzgados de lo Social se descubrió que se les había contratado, además de en fraude de ley, con sucesivas prórrogas, también sin proceso selectivo.
Esto llevó al equipo de gobierno tripartito, con José Bernal como alcalde, a poner el caso en manos de la justicia al considerar que se había producido enchufismo y un daño a las arcas públicas. Recordaron que los contratos de todos ellos los había firmado la alcaldesa.
El juzgado de Dívar
Tres de esos altos cargos han pasado esta mañana por el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, al frente del cual está Gonzalo Dívar, el mismo juez que ha archivado por dos veces ya el caso PGOU.
También se ocupa de esta causa y, tras abrir diligencias en abril de 2017, hasta ahora, más de un año después, no ha tenido a bien tomar declaraciones testificales.
Ante él se han sentado esta mañana Francisco Ramos Sánchez, Carlos Augusto Puertas Cuéllar y Manuel Fernández Mejías, tres de esos altos cargos que han ganado su plaza para siempre en el Ayuntamiento. Se han acogido a su derecho a no declarar.
Iban en calidad de investigados por tres delitos: prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos, las mismas condiciones en las que en próximas fechas irán declarando los siete restantes.
El juez parece orientar la causa hacia los trabajadores, mientras que el PSOE, personado como acusación popular, siempre ha señalado a quien firmó los contratos, la alcaldesa, Ángeles Muñoz que, en todo caso, es aforada.
El caso estalló en 2015
Todo este asunto estalló nada más producirse el cambio de gobierno en el Consistorio, allá por el mes de
julio de 2015. Este personal de alta dirección finalizó sus contratos pero acudió a los tribunales para intentar quedarse de por vida en la institución.
El tripartito ya anunció que iba a pedir responsabilidades y, una vez concluidos los procesos en los juzgados de lo Social, hubo ocho readmisiones como personal laboral indefinido, dos más llegaron a acuerdos y los otros dos recibieron indemnización.
En
enero de 2017, el equipo de gobierno informó de que había elaborado un completo informe que iba a poner en manos de la Fiscalía.
Y es que, durante los distintos juicios en materia laboral, se descubrieron aspectos que pueden hacer pensar que estaríamos ante casos de enchufismo ya que estas personas habrían sido contratadas en el Ayuntamiento sin el necesario proceso de selección.
En el informe municipal se hablaba de hasta
cuatro posibles delitos: prevaricación, malversación, administración desleal y negociaciones prohibidas a los funcionarios público, como avanzó en su día
Marbella24horas.
Tras la denuncia de la Fiscalía, el juez apreció solo dos, aunque los más importantes, prevaricación y malversación de caudales públicos, a los que después ha añadido fraude en la contratación.
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