La universidad de El Pinillo se reduce a un centro de estudios

A las dudas ya existentes anteriormente sobre si este centro educativo, uno de los proyectos estrella en materia educativa del PP, contaba con los permisos necesarios por parte de la Junta, ahora se añade el cambio de denominación que se puede apreciar en el rótulo de la puerta. 

A ello, hay que sumar, según denuncia Izquierda Unida, el despido de 15 profesores en las últimas semanas, que añaden todavía más incertidumbre al futuro de un centro que inauguró personalmente la alcaldesa. 

El candidato de la coalición de izquierdas a la Alcaldía de Marbella, Miguel Díaz, ha solicitado a la regidora que “actúe para garantizar las condiciones del contrato con la empresa adjudicataria de la Universidad Privada de El Pinillo". 

Según explica, han tenido conocimiento del despedido a 15 profesores en las últimas semanas, "con el argumento del bajo número de alumnos" y, también, han aumentado las dudas legales en torno a la catalogación como universidad del centro, especialmente tras el cambio en el cartel anunciador.

Este proyecto ha sido vendido constantemente por la alcaldesa en los últimos meses, justificando su ubicación en terrenos públicos como la forma de captar una universidad internacional, sobre la que ya existían dudas en relación a si tenían los permisos pertinentes para recibir esa denominación. 

Díaz razona que “la concesión, por 40 años y con un canon de solo 4.600 euros mensuales, de casi 11.000 metros cuadrados de suelo público, un edificio municipal de gran valor y en el que durante los años antes a la concesión se realizaron obras de mejora por valor de más de dos millones de euros con fondos públicos, se justificó por parte de Muñoz en que Marbella ganaría en proyección al tener una universidad de prestigio".

También recordó que se dijo que "se generarían 150 empleos directos", aunque ahora la realidad muestra despidos de profesores y que se ha convertido en un centro de estudios. "Gobierno local tiene que tomar cartas en el asunto para garantizar el interés general y que se cumpla el contrato", ha dicho. 

El candidato de IU pide a la alcaldesa que “se ponga del lado de la ciudad y de la legalidad” y le exige “explicaciones sobre los despidos y el cambio de denominación del equipamiento educativo, porque estamos ante un fraude por parte de la empresa y si la alcaldesa lo conociera y lo estuviera permitiendo sería cómplice”.

Desde IU se recuerda que ya el pasado mes de octubre, cuando se produjo la inauguración de la Universidad, “trascendió que el centro incumplía lo previsto en el título octavo de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, para las universidades privadas. Entre ellos entre el artículo 58, que impone la necesidad de contar con el reconocimiento oficial de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial esté establecida".

El candidato de IU lamenta que "con los escándalos en torno a este proyecto, Muñoz empañe la viabilidad de Marbella como emplazamiento de iniciativas educativas e inversiones de prestigio”.

A la vez que lamenta que “conveniar con una universidad que no cumple con los requisitos legales no es el mensaje que necesita Marbella para captar buenos inversores. Es una irresponsabilidad por parte de la alcaldesa potenciar una institución educativa privada sin que cumpla todos los requisitos legales e incluso que la inaugure con su propia presencia".

IU pide a la alcaldesa que actúe con urgencia para que se cumpla con el contrato firmado cuyo objeto es claro: “la gestión y explotación de un Centro de Estudios Universitarios”. Por tanto, si no es una universidad se incumple el contrato y procede su revisión, señala.

También, sostienen, es muy clara la cláusula Sexta del contrato firmado por la alcaldesa y el representante de la empresa en marzo de 2014 que estipula que “el Ayuntamiento fiscalizará la gestión del adjudicatario, a cuyo efecto podrá inspeccionar las instalaciones, funcionamiento y prestación y toda la documentación relacionada con el objeto de la concesión, y dictar las órdenes para mantener o restablecer la debida prestación, así como imponer al adjudicatario las correcciones por razón de la infracción que cometiere”.