La Junta rescinde el contrato de La Bajadilla tras el aval del Consultivo

A la empresa NAS Marbella S.A. se le acabó su tiempo. Si a finales de octubre se cerró el periodo de alegaciones tras abrirle expediente al jeque, y ahora, en un plazo más corto de lo esperado, ha llegado el dictamen del Consejo Consultivo. 

De esta forma, la Junta ha procedido ya a resolver el contrato de ampliación de La Bajadilla, suscrito en 2011, con la citada sociedad por "por incumplimiento grave de obligaciones esenciales consistentes, por una parte, en el no inicio de las obra y, por otra, en la falta de pago del canon concesional".

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, aunque la concesionaria podrá interponer recurso de reposición ante la Agencia de Puertos de Andalucía en el plazo de un mes.

También podría acudir a los tribunales con un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses. Una vez extinguida la vigencia del contrato, revertirá a la comunidad autónoma los bienes públicos entregados en concesión. 

Como ya ha informado este digital anteriormente, el Ayuntamiento estaba explorando una opción más rápida que volver a sacar otro concurso como era realizar un traspaso de las acciones de NAS Marbella a un nuevo inversor para que continuara adelante con el proyecto. 

A esta vía se le acaba ya su tiempo, dado que una vez que se resuelva el recurso de reposición se dará por recuperada la concesión, al margen de posteriores pleitos en los tribunales. 

Concurso

En ese momento, se procederá a un nuevo concurso público, como ya se ha anunciado desde el Ayuntamiento, de la forma más rápida posible para que el proyecto sea una realidad. 

Cabría la posibilidad negativa de que la empresa decida acudir por la vía contencioso-administrativa y solicitara una medida cautelar sobre ese nuevo proceso, que podría frenarlo si la estimaran los tribunales. 

La Junta ha argumentado este jueves a través de una nota de prensa que "la concesionario lleva más de cuatro años de retraso en la presentación del proyecto constructivo y no ha pagado el canon correspondiente a parte de 2015 y el año 2016".

La decisión de rescatar el proyecto está refrendada por el Consejo Consultivo, que el pasado 15 de noviembre emitió un dictamen favorable que supone la culminación de un procedimiento iniciado el pasado mes de agosto, después de que en 2013 se abriera un expediente de resolución que finalmente se archivó.

La adminsitración regional sostiene que desde los inicios de la concesión, se han venido produciendo situaciones irregulares, "debido principalmente a las reticencias del concesionario a acometer la inversión".

En ese sentido, existe un retraso en la entrega del proyecto superior a los cuatro años, a pesar de los numerosos requerimiento realizados por la Administración autonómica a la concesionaria, se argumenta en el comunicado. 

"A la fecha de la resolución, no se ha tenido conocimiento siquiera, a pesar de los numerosas y reiteradas solicitudes, del equipo redactor ni de la progresión de los trabajos", continúa.

Por tanto, en la resolución se recoge que la demora en la presentación del proyecto por parte del concesionario deriva de una "actitud dilatoria", pretendiendo perpe-tuar una situación meramente coyuntural y transitoria como es la gestión de la dársena en funcionamiento entregada como parte del título otorgado, construida por la Junta de Andalucía.

Proyecto de ejecución

En ese sentido, el Consejo Consultivo considera evidente que la entrega del proyecto de construcción es una "obligación esencial, pues sin el mismo no puede iniciarse la obra objeto del contrato".

Además, el dictamen recoge que no se aprecian causas que justifiquen tal incumplimiento, asegurando que la concesionaria presenta alegaciones que no conciernen a la obligación referida y que en todo caso han sido contestadas debidamente por la Administración autonómica.

Por otro lado, el Consultivo establece que la propuesta de modificación del proyecto se realizó más de dos años después de finalizar el plazo para su entrega y que la propuesta fue justificadamente rechazada por la Administración al considerar que se trataba de un cambio sustancial del proyecto básico presentado a la licitación.

El otro motivo de resolución, el impago de la retribución concesional, es una obligación esencial del contrato, y está acreditado un impago por plazo superior a un año que asciende a 1,4 millones de euros.

La Consejería de Fomento y Vivienda señala que rescatará la concesión con el objetivo prioritario de dar cumplimiento a la legalidad, en primer lugar, y en última instancia de promover la ampliación del puerto de Marbella, "como medida fundamental para potenciar el desarrollo turístico y la creación de empleo en este municipio, y para ello emprenderá cuantas acciones sean necesarias".