La Junta de Andalucía, que actuó como acusación popular en el juicio por el caso Malaya, ha presentado, como había anunciado, su recurso de casación en el que utiliza argumentos que ya puso sobre la mesa durante el proceso. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Marbella, que fue acusación particular, no ha recurrido.
Los abogados de la administración autonómica sostienen que los pagos que se hacían a Roca, y que luego repartía entre los concejales, eran para cometer "actos delictivos" que además fueron "ejecutados".
Este es uno de los puntos fundamentales de la reclamación. Considera la Junta que se ha cometido una infracción de ley por no aplicarse el delito de cohecho por acto delictivo y haberse condenado por cohecho para acto injusto no realizado, lo que motivó penas inferiores a las que pedían las acusaciones.
En el recurso consideran "erróneo" el planteamiento de la Sala de Málaga cuando sostiene que no se ha podido relacionar la entrega de dinero con un acto administrativo concreto. "La sentencia identifica dichos actos", añaden.
Para la Junta, resulta "innegable" que los condenados conocía la responsabilidad "legal y moral de su conducta", y destaca la participación de concejales de la Junta de Gobierno y los que no lo eran.
"No es difícil argumentar que si los pagos constitutivos de cohecho tenían por objeto la suscripción de un convenio que es calificado como constitutivo de un delito de fraude, el cohecho tenía efectivamente por objeto la comisión de un acto delictivo", sostiene.
Así lo argumenta en casos como el de la constructora Aifos, también en el de Ávila Rojas, entre otros empresarios, y con el exjefe de la Policía Local, Rafael del Pozo.
Se pide que se condene por este tipo de cohecho y se imponga la pena que solicitó inicialmente la Fiscalía, y a la que se adhirió la Junta, para Juan Antonio Roca (seis años), Marisol Yagüe (cinco años), Isabel García Marcos y Tomás Reñones (cuatro años) y otros cinco exconcejales
Los representantes legales de la Junta consideran que el tribunal sí declaró constitutivas de delitos algunas de las actuaciones administrativas para favorecer a empresarios que pagaban a Roca, mientras que otros casos las ha "omitido".
Se refiere en concreto a los empresarios Ávila Rojas, Fidel San Román y Carlos Sánchez, estimando que los pagos que realizaban eran para cometer "actos delictivos" a través de obtener resoluciones por parte de los concejales, que sí han sido condenados como autores de delitos contra la administración.
En el recursos sostienen que "los concejales realizaron actos injustos en el desempeño de sus cargos a cambio de cantidades de dinero que les entregó Roca" y que fueron ejecutados, lo que supondría la necesidad de elevar las penas.
También se centra en el delito de malversación y pide condenas por especial gravedad en concurso con fraude por el convenio de Vente Vacío.
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