La Guardia Civil sostiene que la Triple A sacrificaba animales sin criterio clínico

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Málaga detuvo el pasado lunes al presidente, al secretario, al tesorero y al jefe del equipo veterinario de la protectora de animales de animales “Triple A” de Marbella.

Además, otros 13 trabajadores han sido también investigados y se les imputan varios delitos de intrusismo profesional, maltrato animal, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, receptación, administración desleal, contra el derecho de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.

Las investigaciones, que comenzaron el pasado mes de noviembre tras la denuncia de varios particulares, han determinado que la protectora realizaba el sacrificio de animales sin ningún tipo de criterio clínico, sin anestesia previa y en algunos casos aplicando el producto Eutanax en dosis inadecuadas, lo que provocaba sufrimiento para el animal.

Además, sacrificaban animales sanos, incluso muchos cachorros de perros y gatos que serían fácilmente adoptables, con el fin de ahorrar costes, según la nota de prensa hecha pública este domingo. 

Estos sacrificios de animales eran realizados por personal no facultativo para prácticas veterinarias, los cuales también administraban vacunas, realizaban cirugías de castración, tratamientos veterinarios, etc.

También se les acusa de expedir recetas veterinarias utilizando un sello oficial y falsificando la firma del veterinario o las rabias en los pasaportes de los animales para que pudieran viajar al extranjero.

Envíos fuera de España

El envío de animales fuera de España se realizaba sin respetar los plazos establecidos por la normativa vigente y sin dar la oportunidad a los legítimos propietarios de recuperación de los animales, según la Guardia Civil.

Incluso "mentían diciendo que los animales no estaban en las instalaciones, extrayendo los microchips de animales con dueños conocidos para implantarles otros y poder darlos en adopción".

Desvío de fondos

La asociación, además, desviaba los fondos a fines distintos a los estipulados en sus estatutos (cenas, comidas, ropa, etc), que eran incluidos como gastos en la contabilidad.

Algunos miembros de la Junta Directiva, añade la nota de prensa, percibían sueldos a pesar de eran cargos voluntarios y no deberían de percibir remuneración alguna por ello.

Las investigaciones también desvelaron la existencia de varios trabajadores sin contrato o que incumplían el mismo, con el consiguiente perjuicio económico ya que no cotizaban a la Seguridad Social.

Soportaban estas condiciones, dice la Guardia Civil, bajo la promesa de que iban a ser contratados y con la consigna de que en caso de inspección deberían decir que eran voluntarios.

Los animales de raza y de pequeño tamaño, muy demandados para la adopción en países del norte de Europa, especialmente en Alemania y Finlandia, nunca eran sacrificados, si no que se enviaban rápidamente a estos países para su adopción.

Estas adopciones generaban unos ingresos que rondaban entre los 300 y 350 euros por animal, dinero que no retornaba a España para el mantenimiento de la Protectora, hecho que se encuentra actualmente en investigación.

Publicidad de "sacrificios cero"

La Guardia Civil recuerda que la Triple A se publicita como una "organización benéfica dedicada a la ayuda y cuidado de animales, que ofrece una espera digna mientras se encuentra un hogar para ellos".

También, señalan que ha realizado campañas divulgativas sobre esterilización y que sobrevivían gracias al dinero recaudado a través de donaciones, cuotas de socios y eventos organizados para la recaudación de fondos.

Además era notoriamente conocida por su política de “sacrificio 0” causa por lo que había recibido grandes elogios de particulares y colectivos y numerosas ayudas y donativos de personas que eran engañadas con este tipo de publicidad, considera la Benemérita. 

Las investigaciones se han desarrollado bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, y posteriormente por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Marbella, quien inicialmente había declarado el secreto de las actuaciones.