A primeros de marzo, el Ayuntamiento acordó el cierre del vertedero situado en la carretera de Ojén que, según se explicó, funcionaba de forma ilegal desde 1998, "sin autorización medioambiental ni administrativa", indicó entonces el concejal de Sostenibilidad, Miguel Díaz.
Esa medida se hizo efectiva a final de mes, y ahora se le ha añadido, de forma "unilateral", el cierre de la planta de tratamiento de residuos inertes (poda, escombros y muebles) que estaba justo al lado y que gestionaba en concesión administrativa una empresa privada.
Díaz ha comparecido esta mañana en rueda de prensa junto con el concejal de Limpieza, Francisco García, para informar de esta situación, que se hizo efectiva el pasado 18 de marzo, según les comunicó la empresa, aunque sospechan que ya desde días antes se había dejado de ofrecer el servicio.
Este asunto tiene ahora dos vertientes. Por un lado, la judicial, ya que el Ayuntamiento lo ha puesto en manos de sus servicios jurídicos. Por otro, la necesidad de buscar soluciones para los residuos que hasta allí se llevaban, como son restos de poda, muebles y escombros de obras.
La concesionaria, que operaba desde 2002, ha justificado la clausura de la planta de tratamiento en el cierre del vertedero, ha explicado Miguel Díaz, quien ha recordado que no cabía otra solución ya que había un expediente sancionador de la Junta por hasta dos millones de euros.
El concejal también ha señalado que la citada empresa, Centro Logístico Huerta del Peñón, mantenía una serie de discrepancias con el Ayuntamiento y en 2012 impidió "que se depositaran allí los muebles y enseres que se recogen".
"En aquella época el PP lo que hizo fue enterrar en el vertedero anexo estos residuos voluminosos, algo que ya denunciamos", explicó, mientras que desde la llegada del tripartito se están llevando a Casares, con un coste de 175.000 euros anuales.
Además, en 2010, según Díaz, el Ayuntamiento le permitió hacer una ampliación con un canon de 23.000 euros anuales que "no se ha llegado a cobrar nunca", un asunto que se ha puesto en manos de la Tesorería municipal para que actúe.
"El PP no puso orden y nosotros no podíamos permitir esta situación de contaminación ambiental y de ilegalidad, era innegociable con el nuevo gobierno", añadió.
Soluciones
Tras el cierre de la planta que gestionaba esta empresa, el Ayuntamiento ha tenido que buscar soluciones para los residuos municipales y también para los privados.
Respecto a los particulares, para pequeños productores se van a habilitar unas balsas en la entrada del vertedero clausurado para que puedan depositar allí los residuos, que después se trasladarán a plantas de reciclaje autorizadas.
Los grandes productores deben utilizar ahora mismo las de Mijas o Estepona, que les incrementan los costes, aunque el Ayuntamiento asegura que también está buscando soluciones.
Los residuos del Ayuntamiento se están almacenando para, igualmente, llevarlos a los lugares habilitados para ello. Los muebles, como se ha indicado, se transportan ya desde septiembre a Casares.
Según se ha explicado, el Consistorio recoge al año unas 2.500 toneladas de restos de poda, 4.000 toneladas de muebles y unas 10.000 de escombros de obras.
Los responsables municipales han destacado la necesidad de que Marbella cuente con una planta de tratamiento de residuos inertes, aunque también han recordado que en los municipios cercanos son de carácter privado.
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