Según ha informado el gobierno autonómico a través de una nota de prensa, la gestión se ha recuperado pero también existe interés en conocer qué ocurrirá en el futuro y si habrá un nuevo concurso público para hacer la ampliación.
Sobre este asunto, la Junta ha señalado que "aspira a promover en el futuro, una vez se pronuncien los tribunales, la ampliación del puerto como proyecto fundamental para potenciar el desarrollo turístico y económico y la creación de empleo en Marbella".
Mientras tanto, la gestión del puerto será asumida a partir de ahora de forma directa por la agencia pública de la Junta, que ya está prestando los servicios necesarios para restablecer la normalidad en los trabajos relacionados con los servicios de vigilancia, limpieza, marinería y mantenimiento.
La Junta señala que ha venido realizando diversas inspecciones sobre el estado del puerto en los últimas semanas después de recibir diversas quejas de los usuarios sobre las "graves deficiencias en el mantenimiento y en la seguridad de las instalaciones".
En este sentido, la administración autonómica ha puesto en marcha un plan de choque para actuar de "manera inmediata ante la suciedad y deterioro que presentaba el recinto ante la dejación de funciones de la sociedad concesionaria".
La Agencia andaluza de Puertos ha puesto de relieve que la toma de posesión del recinto portuario ha sido comunicada previamente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Al órgano judicial se le ha trasladado la necesidad de asumir la gestión directa del puerto, como administración tutelante, ante la "evidente falta de prestación de servicios básicos" por parte de Nas Marbella S.A, especialmente en materia de limpieza y vigilancia con el "consiguiente riesgo para las salud y la seguridad de las personas, embarcaciones e instalaciones".
Recurso del jeque
Esta comunicación al citado tribunal está motivada por el recurso contencioso-administrativo presentado por Nas Marbella S.A. contra la decisión adoptada por la Consejería de Fomento y Vivienda de rescindir el contrato de ampliación del puerto suscrito en 2011, por "incumplimiento grave de obligaciones esenciales consistentes, por una parte, en el no inicio de las obra y, por otra, en la falta de pago del canon concesional".
El concesionario lleva más de cuatro años de retraso en la presentación del proyecto constructivo y no ha pagado el canon correspondiente a parte de 2015 y el año 2016, por importe de más de 1,4 millones de euros..
Con todas estas acciones, la Consejería señala que su "objetivo prioritario" es dar cumplimiento a la legalidad y garantizar el adecuado funcionamiento del puerto a través de la prestación correcta de los servicios necesarios.
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