Fue uno de los últimos episodios negros de la etapa gilista en el Ayuntamiento de Marbella, solo unos meses antes de su disolución tras la operación Malaya. El 6 de febrero de 2006 moría en la calle, tras se reducido por miembros de la Policía Local, un ciudadano belga. Ahora, nueve años después, arranca el juicio contra los cuatro agentes implicados en aquellos hechos.
El suceso conmocionó a la sociedad marbellí, ya en los últimos instantes de Marisol Yagüe como alcaldesa del municipio, a punto de ponerse fin a una etapa marcada por la corrupción y los escándalos.
Poco antes de las tres de la tarde del lunes 6 de febrero de 2006, agentes del cuerpo local reducían en plena calle a un ciudadano belga que se encontraba muy alterado, por motivos que aún hoy se desconocen.
Tuvieron que hacer uso de la fuerza, quizá excesiva, eso es lo que se juzgará ahora, para controlarlo, ya que se trataba además de una persona muy corpulenta.
Lieven Franz Herman de Wilde, de 42 años, vecino de Marbella aunque nacido en Bélgica, falleció durante el forcejeo. Había salido a calle muy nervioso, descalzo, vestido solo con el pantalón del pijama.
Se bañó el mar y después caminó por el paseo marítimo, llamando lógicamente la atención de todo el mundo, hasta que en la calle Gregorio Marañón fue interceptado por la Policía Local.
La actitud "hostil" que mostraba, según la Fiscalía, hizo que dos agentes emplearan "la fuerza necesaria, golpeándole con sus defensas en el torso y abdomen para reducirle" hasta que lo tumbaron en el suelo, donde continuó resistiéndose.
Después, llegaron dos agentes más de refuerzo, entre ellos al único que acusa el Ministerio Público y para el que pide dos años de cárcel e inhabilitación para ejercer como policía local.
Este policía se habría puesto de rodillas sobre la parte superior de la espalda, "presionando fuertemente" mientras le agarraba la cabeza hacia atrás con lo que dificultaba y "taponaba la entrada de aire en la boca y nariz".
La actuación de este acusado no fue la causa de la muerte, según el fiscal, pero sí contribuyó a provocarla, ya que se "excedió" en el empleo de la fuerza, teniendo en cuenta que ya estaba "prácticamente inmovilizado antes de su intervención".
La autopsia desveló en su día que la muerte se había producido por un "delirium agitado" por consumo de alcohol y drogas. En cambio, la madre de la víctima, como acusación particular, encargó un informe al conocido forense Luis Frontela, que concluyó que la muerte había sido violenta por asfixia.
El juicio, que lleva nueve años esperando y que ha pasado por distintas etapas oscuras, incluso se extravió el expediente en 2011, arranca por fin este martes en la Audiencia de Málaga. El caso lo inició el juez Urquía, que después sería condenado y expulsado después de la carrera judicial por aceptar sobornos de Juan Antonio Roca.
Ahora, nueve años después, el Ministerio Fiscal acusa solo a uno de los agentes por un delito de imprudencia y pide una indemnización de 200.000 euros.
La acusación particular reclama penas de prisión para los cuatro, aunque señala que fue uno de ellos el que provocó la asfixia al fallecido, para el que pide tres años de prisión por homicidio por imprudencia grave más seis meses por omisión de socorro. Solicitan que se paguen 300.000 euros a los familiares.
En ambos casos, el Ayuntamiento de Marbella sería responsable civil subsidiario.
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