- El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz.
El Tribunal Supremo ha revocado la decisión que tomó en 2013 el Tribunal de Cuentas y ha exculpado al interventor del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Castro, del pago solidario junto a Julián Muñoz de una multa de 8,2 millones por irregularidades en la firma de dos convenios urbanísticos. Será ahora, por tanto, el exalcalde el que deba hacer frente a esta cantidad en solitario.
El Tribunal de Cuentas había resuelto hace dos años que tanto Castro como Muñoz abonasen conjuntamente esa cantidad millonaria por el perjuicio que habían ocasiones al Consistorio con las obras de encauzamiento del Arroyo Primero y las obras en la calle Jacinto Benavente.
El funcionario recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, que ahora declara que no existió responsabilidad contable del interventor en este proceso, por lo que anula la parte de la sentencia que le afecta, aunque mantiene el resto, incluisa la parte sobre Julián Muñoz, que no recurrió.
El Supremo considera que "no se colige que incumbieran al interventor aspectos como comprobar la realización material de las obras, por otro lado ejecutadas independientemente de que su recepción no cumpliera lo exigido en el procedimiento de contratación -cuestión ajena al procedimiento de responsabilidad contable- sino que su control legal se limitaba a la intervención formal de la ordenación del pago".
El Alto Tribunal también avala los hechos probados de otra sentencia que recoge que el funcionario denunció la situación de descontrol del consistorio desde que se incorporó a su cargo.
"Independientemente de la notoria existencia de irregularidades en el funcionamiento del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades mercantiles, no se ha acreditado conducta negligente del interventor recurrente, determinante de perjuicio con nexo de causalidad entre la toma de razón del endoso y el pago; máxime cuando tanto en el ámbito penal como en el de la fiscalización contable consta que su conducta fue la contraria", dice la sentencia.
Además, el Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Marbella ya que considera que sustentaba su argumentación en la infracción de la normativa sobre contratación pública, lo que, según indica, "puede ser constitutivo de irregularidad" pero "no es suficiente para la declaración de la responsabilidad contable por alcance en la que debe justificarse la existencia de un menoscabo efectivo e individualizado".
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