Los concejales de IU en el Ayuntamiento de Marbella, Enrique Monterroso y Miguel Díaz, han exigido al Equipo de Gobierno que, de una vez por todas, elabore un censo con las viviendas públicas de titularidad municipal que hayan aparecido durante los procesos de regularización de inmuebles en estos tres años de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Los concejales han instado al ejecutivo local a que ponga las viviendas a disposición de los vecinos de menos recursos económicos a través de alquileres sociales. También han recordado que la alcaldesa vetó una moción en la que IU proponía crear un censo de inmuebles sin habitar.
Los concejales piden que se adopten medidas que faciliten a los integrantes de colectivos en riesgo de exclusión social tener acceso a una de las 16.400 viviendas que, según la memoria del PGOU, se encuentran desocupadas.
Entre estas iniciativas, los ediles han propuesto rebajar hasta un 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles, tributo que en Marbella es uno de los más altos de la provincia, a los propietarios que pongan viviendas vacías en alquiler social.
Otra opción que han planteado los ediles para facilitar a los vecinos en peores circunstancias socioeconómicas el acceso a un hogar digno, uno de los derechos que recoge la Constitución estatal, ha sido la de ceder suelo de titularidad municipal para construir viviendas de protección pública en las mismas condiciones ventajosas en las que el Equipo de Gobierno "regaló" una parcela municipal de 2.500 metros cuadrados en una de las mejores zonas del municipio para la ubicación de una iglesia ortodoxa, que, además, "gracias a las prerrogativas de la alcaldesa", no tendrá que pagar ningún tipo de contraprestación por el terreno, a pesar de que es propiedad de todos los vecinos.
La propuesta de IU, han apuntado los ediles, permitiría aumentar las dos únicas promociones de viviendas sociales que ha acometido el PP desde que ocupó el poder, hace ya seis años, y que resultaron fallidas, pues muchos interesados tuvieron que desistir de hacerse con una vivienda por el excesivo precio a pesar de su carácter social.
Además, los ediles han exigido al Equipo de Gobierno que, al menos "por una vez", colabore con la Junta de Andalucía para desarrollar en todos sus términos el Decreto-Ley que ha aprobado el Ejecutivo regional sobre la función social de las viviendas y que permitirá acabar con los desahucios en el municipio.
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