Este órgano, según la ley, está obligado a emitir informes anuales sobre las quejas que presentan los vecinos y sobre las deficiencias en el funcionamiento de los servicios municipales. “¿Por qué tiene miedo la alcaldesa de ponerlo en funcionamiento? ¿No quiere ofrecer a los vecinos una vía para que puedan expresarle sus problemas y opiniones sobre el estado de los servicios que ofrece el equipo de gobierno? Sería una gran herramienta para arrojar algo de luz a la falta de transparencia del gobierno local”, se ha preguntado Diaz.
El concejal ha señalado que la Ley de Gran Población no solo sirve para "engordar" la lista de cargos de confianza y personal afín "metido en el Ayuntamiento a dedo", como ha ocurrido recientemente con los ex concejales de Deportes y de Participación Ciudadana a pesar de una sentencia del Tribunal Constitucional.
Monterroso ha añadido que la misma norma obliga a la regidora a crear un órgano para resolver las reclamaciones económicas y administrativas de los vecinos. Las funciones del ente, claramente recogidas por la ley, son resolver las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación, inspección de tributos e ingresos de derecho público que sean de competencia municipal, dictaminar sobre los proyectos de ordenanzas fiscales y elaborar estudios y propuestas.
La creación del ente evitaría a muchos ciudadanos tener que resolver sus conflictos y reclamaciones con el Ayuntamiento a través de los juzgados y originándoles unos gastos evidentes al disponer de un sistema en el propio Ayuntamiento que de forma objetiva e imparcial tendría que pronunciarse al respecto en primera instancia.
“La creación a tiempo del órgano habría evitado, por ejemplo, que el equipo de gobierno tenga que pagar ahora más de 630.000 euros a vecinos por sufrir los molestos ruidos de la Estación de Autobuses”, ha explicado Monterroso.
Los concejales han recordado asimismo que la Ley obliga a la alcaldesa a celebrar durante los seis primeros meses de cada año una sesión extraordinaria en la que todos los representantes políticos de los vecinos puedan abordar el estado en que se encuentra el municipio.
“Esta propuesta no se refiere a los eventos propagandísticos y balances autocomplacientes que la regidora organizó la semana pasada, sino a un acto serio y riguroso en el que las formaciones políticas debatamos la situación actual del municipio”, ha apuntado Diaz.
“Sería una buena oportunidad para abordar aquellas cuestiones que más preocupan a los vecinos, como el futuro de La Bajadilla tras el fracaso del proyecto de la regidora y su socio Al-Thani, las propuestas para ayudar a los 17.000 parados de Marbella o para esclarecer los casos de corrupción que vinculan al ejecutivo local con la corrupción de Gürtel”, ha concluido Díaz.
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