Los concejales de la coalición de izquierdas, Enrique Monterroso y Miguel Díaz, han elevado a la Presidencia del Consistorio un recurso de reposición para que se elabore de forma consensuada la normativa que permita la puesta en funcionamiento de un órgano que, de existir, habría impedido que el Ejecutivo Local incurriera, por ejemplo, en las "prácticas clientelares" que denunció hace una semana un excompañero de gobierno y de partido de la alcaldesa.
Monterroso y Díaz trataron de plantear en la sesión plenaria de junio la necesidad de que el pleno consensuara el reglamento de funcionamiento de la Comisión, aunque la iniciativa fue vetada, junto a otras, por el PP. Los concejales recordaron que la Comisión se creó en junio de 2011 y que, según la ley, la Corporación disponía de tres meses a partir de ese momento para consensuar el reglamento que dotara de contenido al órgano.
“Una vez más, se pone de manifiesto el menosprecio de la alcaldesa por la democracia y por permitir una participación activa de la ciudadanía en la vida política. Cuanta menos transparencia y menor control por parte de los vecinos, más cómodo se siente este Equipo de Gobierno para urdir sus favores en beneficio de terceros, como ha reconocido un exconcejal del PP recientemente”, ha señalado Monterroso.
“La postura del Ejecutivo Local demuestra su falta de convicciones democráticas y pone en claro peligro la credibilidad de las instituciones y la imprescindible defensa de los derechos de los ciudadanos”, ha añadido el concejal.
“¿A qué teme la alcaldesa para no poner en marcha la Comisión? ¿Qué tiene que ocultar a los vecinos? Su oposición a poner en funcionamiento el órgano priva a los ciudadanos de un instrumento fundamental para prevenir la corrupción, que tanto salpica al PP, y garantizarles sus derechos”, ha añadido Díaz, que ha advertido de que la negativa de la regidora a sacar adelante la normativa que rija la Comisión conculca la legalidad.
El desinterés de la alcaldesa por regirse según la legalidad también se ha puesto de manifiesto, según IU, a través de un informe en el que la Secretaría General del Ayuntamiento obliga a la regidora a ajustarse a la normativa y convocar plenos sobre el estado de la ciudad de Marbella en los que los representantes de los vecinos puedan abordar las numerosas deficiencias que sufre el municipio, tal y como solicitaba IU.
“El informe del Secretario es una muestra más de la vulneración de derechos por parte del PP y la alcaldesa. Con este Equipo de Gobierno, la democracia está bajo mínimos”, ha apuntado Díaz.
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