IU reclama más personal para ejecutar la sentencia del caso Malaya

Quintana ha asegurado este martes en Marbella que “tras más de 15 años de saqueo a las arcas y a los intereses públicos y 8 años de instrucción y juicio, la sentencia dictada el pasado mes de abril fue insatisfactoria porque se rebajaban las penas respecto a las peticiones de la Fiscalía".

"Aún así es vital que la fase de ejecución pueda desarrollarse de la mejor forma posible, el anuncio de que la dotación de la sala bis creada en la Audiencia de Málaga para el Caso Malaya se vaya a reducir a una sola funcionaria interina es intolerable y pedimos que se refuerce el número de trabajadores, ya que la carga de trabajo es ingente y su adecuada ejecución una prioridad”, ha dicho.

La parlamentaria advierte que “IU no va a tolerar un borrón y cuenta nueva en relación al Caso Malaya, hay que devolver a la ciudadanía todo lo robado y por eso nos hemos dirigido a la Consejería de Justicia y lo haremos al Ministerio de Justicia para que se pongan los medios humanos y materiales necesarios para lograr este fin”.

Por su parte, el concejal de IU en el Ayuntamiento de Marbella, Miguel Díaz, ha destacado que “hay que garantizar la justicia y la reparación a la ciudad de Marbella y para ello no nos vale que una sola funcionara se encargue del trabajo que se avecina con las ejecutorias de la sentencia”.

Díaz apunta a que “no consentiremos que cuando se alejan los focos mediáticos se apague la administración”.

Los representantes de la coalición de izquierdas ecuerdan que “durante 15 años de expolio del GIL y su trama mafiosa IU pidió en solitario hasta en 12 ocasiones la disolución del Ayuntamiento antes de que fuese demasiado tarde, pero los gobiernos de PP y PSOE –con la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, como diputada en el Congreso- se negaron”.

Esta falta de personal sería “un nuevo revés para las expectativas del municipio, que ya está sufriendo la amnistía a las ilegalidades urbanísticas que está ofreciendo el gobierno local de Muñoz, con un PGOU al servicio de la legalización de toda las infracciones y que no garantiza las compensaciones que corresponden a Marbella, no se aprieta a los promotores corruptos para que entreguen las cargas de urbanización o las compensaciones derivadas de las regularizaciones pertinentes”.