Los concejales de IU, Enrique Monterroso y Miguel Díaz, explican que con la propuesta abogan para que “se haga justicia y la ciudad reconozca a los servidores públicos que defendieron los valores de la justicia social y la legalidad republicana frente a los golpistas, es una página de la historia local que se ha mantenido silenciada durante años y que en la actualidad es necesario recuperar”.
IU recuerda que, una vez acabada la Guerra Civil Española, la jurisdicción militar al servicio de la Dictadura asumió y ejecutó de forma continuada, hasta el final del franquismo, la persecución penal contra republicanos y antifascistas. Para ello se celebraron “procesos sumarios ante Consejos de Guerra que no garantizaban los principios más básicos, no fueron juicios justos”.
Monterroso considera que “si radicalmente ilegítimo e ilegal fue el golpe de Estado, también lo fueron las normas jurídicas dictadas, en especial, las que tendían a las eliminación o exterminación de los republicanos y demócratas".
"Por tanto, los procesos y sentencias dictadas por los Consejos de Guerra adolecían de una radical nulidad. Fueron procesos con vicios profundos de forma y con ausencia radical de garantías y sus sentencias deben ser consideradas nulas de pleno derecho. Por ello nuestra iniciativa, que persigue justicia y reparación”, señalan.
Por su parte, Díaz rememora que “en Marbella esta represión la sufrieron de forma muy parecida distintos alcaldes, concejales y ciudadanos comprometidos con la República, que sufrieron el infierno de la injusticia, la infamia de la tortura e, incluso, la muerte”.
Una de las víctimas de esta violencia fue el último alcalde republicano de Marbella, Francisco Romero Añón, integrante del Partido Comunista de España (PCE), elegido concejal en las elecciones municipales del 31 de mayo de 1931 y nombrado alcalde el 5 de mayo de 1936, cargo que desempeñó con gran compromiso por sus vecinos más desfavorecidos hasta la invasión de la ciudad por las tropas franquistas en enero de 1937.
Díaz explica que “se le juzgó en Consejo de Guerra Permanente de la Plaza de Málaga por un delito de rebelión militar bajo el cargo de subversión total del orden jurídico, aunque en realidad su único cargo era haber sido fiel defensor de la legalidad democrática y constitucional de la II República, frente a la barbarie de los golpistas del bando fascista".
Romero Añón fue condenado a la pena máxima y fusilado en la madrugada del 9 de octubre de 1940. "Ahora que el próximo 14 de abril se conmemoran 83 años de la proclamación de la II República, consideramos que la rehabilitación de esta alcalde que fue ejecutado por defender la legalidad y las libertades públicas para todos los vecinos de Marbella es un acto de justicia”.
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