IU pide explicaciones por la situación de un club de playa en Puerto Banús

Desde la coalición de izquierdas sostienen que existe un "velo de opacidad" tras las diversas negativas a responder las preguntas formuladas esta formación política tanto en el Pleno del pasado 31 de octubre, como mediante escrito presentado por registro de entrada el pasado 6 de noviembre.

IU explica que esta mercantil es propietaria de un restaurante en la urbanización Villa Marina, sobre el que pesan "numerosas sanciones por distintas infracciones" abiertas en varios departamentos municipales, incluidos los de Urbanismo, Industria y Salud.

Estaríamos, consideran, ante un caso en el que “el proceder del Ayuntamiento guarda muchas semejanzas con la actuación realizada en otro club de playa del municipio, el Funky Buddha Beach, que ha motivado la imputación judicial del concejal de Urbanismo por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio”.

La formación de izquierdas apunta que viene reclamado a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, “luz y taquígrafos”, para que aclare la situación de esta mercantil, cuyo establecimiento ha permanecido abierto durante toda la temporada desde 2013. 

Recuerdan que ya en octubre de 2012, vecinos de la urbanización Villa Marina solicitaron la apertura de expedientes sancionadores por las "infracciones cometidas en este establecimiento el 8 y 9 de junio de 2012 y denunciadas previamente por ellos".

En febrero de 2013, el Juzgado de 1ª instancia ordenó la suspensión de las obras en este club de playa.

Ya en marzo de 2013, continúa la nota de IU, la Concejalía de Urbanismo decretó en dos ocasiones el inicio de expedientes sancionadores de reposición de realidad física alterada, por la realización, sin licencia, de una reforma de un club de playa y la construcción-reforma de una piscina, en zona de servidumbre del Dominio Público Marítimo terrestre y edificaciones auxiliares.

En abril de 2013, el negociado de Industria les apercibió del incumplimiento de lo previsto en el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica de Andalucía, por los niveles límites de emisión de ruidos al ambiente exterior.

También en abril de 2013, explican en el comunicado, la jefa del servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, comunicó a esta mercantil que el restaurante explotado por ella, no estaba autorizado a emitir música pregrabada ni en el interior ni el exterior del establecimiento.

En junio de 2013, el concejal de Industria, Comercio y Vía Publica inició expediente administrativo sancionador contra la citada mercantil, por carecer de documento de titularidad de aforo, y "por desarrollar actividades musicales a pesar de que les fue denegado el permiso", y todo ello, añaden desde IU, después de que en años anteriores, esta mercantil fuera sancionada con multas coercitivas por situaciones similares.

En agosto de 2014 la concejala de Salud y Consumo decretó iniciar expediente sancionador contra esta mercantil por la comisión de "diversas infracciones sanitarias graves".

Desde esta misma concejalía, advirtió de la imposición de 12 sanciones graves con una cuantía total de 72.121 euros, y le ordenó, que hasta que se subsanen las deficiencias sanitarias existentes, se legalicen las obras realizadas y se incluya la piscina en la licencia de apertura, se debería cesar de inmediato la actividad de la piscina de uso público y delimitarla mediante un cerramiento adecuado.

IU sostiene que, a pesar de todos estos decretos, de la apertura de expedientes sancionadores y de los apercibimientos, la imposición de multas coercitivas y de los informes del Distrito Sanitario y de la jefa del servicio de juegos y espectáculos públicos de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, el establecimiento ha estado abierto durante los veranos de 2013 y 2014, por lo que requieren "unas explicaciones claras por parte del Gobierno local”.