El candidato de IU a la Alcaldía y concejal, Miguel Díaz, recuerda que la formación de izquierdas “ya mostró en el momento de la apertura del establecimiento su preocupación por la gravedad de la situación, incluso desde el punto de vista legal, e instó al Ayuntamiento de Marbella a adoptar todas medidas".
"Sin embargo, ha estado abierto durante todo el verano sin licencia y lo que se está tramitando es una licencia para restaurante con capacidad para 11 personas, cuando la realidad demuestra que es un club discoteca de playa que ha acogido a cientos de personas”, añade.
Díaz explica que “la acción de gobierno de Ángeles Muñoz está viéndose salpicada por una sucesión de escándalos e imputaciones que demuestran que el PP no aporta un futuro de bienestar para Marbella, es más nos retrotrae al pasado gilista de inseguridad jurídica y escándalos”.
Desde IU se informa que “el Departamento de Inspección Urbanística de Ayuntamiento de Marbella ha emitido varios decretos y numerosos informes de paralización de las obras ejecutadas sin licencia en una zona calificada en el actual PGOU como Parque Litoral, incluido en el Sistema General Playa del Pinillo-Río Real conocida como Funky Beach, un suelo no urbanizable de especial protección como zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre”.
A pesar de dichos informes reiterando el incumplimiento de los decretos de paralización, en ningún momento Urbanismo adoptó la decisión que contempla la Ley de ordenar el precinto y la consecuente paralización de la actividad de ocio y restauración que ha estado abierta al público en pleno rendimiento durante todo el verano, denuncian desde IU.
Las obras objeto de polémica han consistido en la ampliación de los edificios existentes, la construcción de una gran piscina, la demolición y sustitución de algunas construcciones y la instalación de una zona de ocio con hamacas y otras instalaciones.
A Izquierda Unida le consta que el servicio de Seprona de la Guardia Civil ha practicado diligencias en el sentido de comprobar la ilegalidad de las actuaciones llevadas a cabo con total impunidad
Por su parte, el concejal-portavoz de IU, Enrique Monterroso, señala que “llevados de nuestra responsabilidad como grupo de oposición y dentro de nuestras funciones solicitamos y tuvimos acceso al expediente urbanístico en cuestión el pasado mes de septiembre lo que motivó una denuncia pública del Grupo Municipal de IU en la que advertíamos de la deriva judicial a que podría dar lugar tal como, al parecer, ha sucedido”.
Miguel Díaz establece una relación “entre la actuación municipal en el caso Funky Beach y las situaciones similares en la época del gilismo y postgilismo, donde también los responsables del departamento de Urbanismo emitían decretos de paralización, ordenes de precintos, multas coercitivas, pero las obras continuaban”.
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