Los representantes de la formación de izquierdas aseguran que "la eliminación de los once partidos judiciales de la provincia, dejando una sola sede en Málaga, supone un nuevo recorte en los servicios públicos que se sumaría al desmantelamiento de servicios como los ya realizados por el PP en educación, sanidad, servicios sociales o dependencia".
Además, apuntan desde IU, "supone un copago añadido a los vecinos de Marbella, tras la puesta en marcha de la Ley de Tasas, que acabó con la gratuidad de la Justicia, ahora se ahondaría en la situación de indefensión en la que el PP está instalando a la ciudadanía".
Monterroso entiende que "esta propuesta de modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial atenta contra derechos fundamentales de la ciudadanía, ya que se trata de una medida que, lejos de optimizar recursos materiales y personales, como intentan justificar desde el Ministerio, aleja a los ciudadanos de la administración de Justicia y les causa indefensión".
Por su parte, Díaz considera que "la desaparición de los partidos judiciales que plantea el ministro Gallardón no se realiza en aras de un mapa judicial más racional o acorde a los intereses de la ciudadanía, sino que parte de una realidad que sigue escondiendo el principal problema para los ciudadanos: la falta de jueces, la carencia de medios y la insuficiente financiación de una Administración que requiere de una gran inversión para ser modernizada y para ser eficaz".
IU destaca que numerosas voces, algunas tan autorizadas como el Colegio de Abogados de Málaga, han mostrado ya un rotundo rechazo a la medida que plantea imponer el ejecutivo de Rajoy. El órgano de representación de los abogados malagueños considera que “eliminar los partidos judiciales alejará la Administración de Justicia del ciudadano dificultando su acceso a la misma”.
En la actualidad Marbella cuenta con ocho juzgados de Primera Instancia, cinco de Instrucción y uno de Violencia sobre la Mujer, repartidos en tres sede judiciales distintas. Se detecta una notoria falta de medios materiales y humanos.
Díaz explica que “se precisaría reagrupar todos los juzgados en un solo edificio, implantar juzgados de los Social, una mayor dotación de fiscales, funcionarios y profesionales especializados, como psicólogos e intérpretes, ya que en el juzgado de menores se dictan sentencias sin informes psicológicos por la falta de personal, lo que supone un deterioro de las garantías judiciales, y la administración de Justicia se dificulta mucho cuando se concentran vecinos de más de 150 nacionalidades y no hay intérpretes suficientes”.
Para la creación de la Ciudad de la Justicia, el Gobierno local, ha anunciado el ofrecimiento de una parcela de 15.000 metros cuadrados en Las Albarizas, pero desde IU se considera que "para poder tener una sede judicial única con las prestaciones que requiere la ciudad de Marbella es precisa una parcela mayor”.
En este sentido, el portavoz municipal, Enrique Monterroso recuerda que "el pasado mes de abril propusimos al Ayuntamiento la realización de un estudio de viabilidad para la cesión del área dotacional de Rio verde, EQ 7 de 49.743 m2 o, en su defecto, el área dotacional de Las Chapas SGEQ 18, de 50.124 m2, para la ubicación de la tan necesaria Ciudad de la Justicia. El PP rechazó la propuesta".
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