IU recuerda que es una obligación establecida por Ley de Gran Población a la que está sometido el Ayuntamiento y emplaza a la alcaldesa a "actuar desde la convicción en la participación y con diligencia para no dar la sensación de que actúa para cubrir un trámite y a remolque de las circunstancias".
Monterroso considera que "cada día se pone más de relieve que no se puede gobernar contra los ciudadanos, sin tener en cuenta sus criterios y opiniones y sometiéndolos al imperio de la mayoría absoluta, como hace el PP en Marbella. No se puede seguir gobernando de forma despótica".
"La ciudad tiene delante de sí una serie de retos a los que hacer frente, que deben acometerse con el consenso debido tras un debate social que permita contar con análisis rigurosos de las distintas opciones y no sólo de las del equipo de gobierno", añade.
En este sentido, Díaz pone de relieve que, "junto al claro ejemplo de la reciente polémica por el proyecto de edificación de rascacielos que impulsó en solitario la alcaldesa, hay otros problemas que el PP se empecina en gestionar solo con sus votos y en contra de la ciudadanía y de sus intereses, como la pretensión de instalar una estación de autobuses frente a un colegio en San Pedro Alcántara".
El concejal de la coalición de izquierdas destaca también la negativa de la regidora a iniciar los trámites para el traslado del cableado de alta tensión suspendido en el aire por encima del Colegio Al-Andalus o la venta del subsuelo de la plaza del mercado de San Pedro a una empresa para la construcción de aparcamientos privados.
"En ninguno de los casos la alcaldesa fomenta un consenso mínimo entre las fuerzas políticas y la ciudadanía afectada", sostiene.
Desde IU se apunta que "la función primordial del Consejo Social de nuestra ciudad debe ser la de permitir, favorecer y estimular el debate social en torno a una planificación estratégica de la ciudad, para lo que hace falta contar con una amplia representación de todos sus agentes sociales".
Monterroso considera que "el Consejo nace mal si partimos de que su propia composición no tiene en cuenta una cierta proporcionalidad a la hora de establecer quienes han de formar parte del mismo. Así nos encontramos que tendrán el mismo nivel en cuanto a representatividad las asociaciones de padres y madres de los centros educativos que las asociaciones de chiringuitos, a modo de ejemplo".
Díaz critica que la alcaldesa "se haya decidido a poner en marcha el Consejo con un año de retraso desde su aprobación en pleno, una muestra de la poca importancia que el PP da a la participación; de hecho el primer incumplimiento ha sido la obligación de proceder a la constitución del mismo dentro de los tres meses siguientes a su creación en noviembre de 2012".
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