IU pide a la alcaldesa que no tenga en el Consistorio a personas ligadas a la corrupción del GIL

La petición de IU se formula tras publicarse en el BOE del pasado 24 de diciembre un edicto de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por alcance contable con motivo del posible descubierto en los fondos públicos en el Ayuntamiento de Marbella y en diversas sociedades durante los gobierno del GIL en los que está incurso el actual responsable de las instalaciones deportivas municipales, el ex concejal del Partido Andalucista, Pedro Pérez.

Una responsabilidad en la actual gestión del Ayuntamiento que ostenta por designación directa del PP desde 2012 y en la que fue mantenido tras dictarse la sentencia del caso Malaya, en la que el juez lo considera culpable de cohecho.

El candidato de IU a la alcaldía de Marbella y concejal, Miguel Díaz, insiste en la necesidad de “apartar de los puestos de responsabilidad a las personas ligadas a casos de corrupción para mostrar una tolerancia cero y regenerar la democracia” y critica al PP por “no haberle apartado durante todo el período de la investigación”.

Para el concejal “es indignante que la alcaldesa premie a una persona condenada por el caso Malaya y que está implicada en una investigación por alcance contable contra el Ayuntamiento, la misma institución de cuya gestión forma parte y con una responsabilidad que le ha dado directamente el PP.

"Ese es el doble rasero de la alcaldesa: aparta al funcionario inspector de Urbanismo que apuntó las ilegalidades que se investigan en el marco del caso ‘Funky Buddha’ y mantiene a una persona condenada por el caso Malaya y que el Tribunal de Cuentas está investigando en estos momentos por un presunto alcance contable".

Díaz recuerda que “la alcaldesa ha rechazado la propuesta de IU para poner en marcha un Plan Local contra la Corrupción, con medidas claras y contundentes en relación a las contrataciones, el urbanismo o el mantenimiento de imputados en cargos de responsabilidad, tanto concejales como empleado.

El rechazo se justifica en que el gobierno del PP está incurriendo en algunos de los supuestos que desde IU planteamos combatir, como el mantenimiento al frente de Urbanismo del actual concejal, a pesar de confirmar el juez su imputación por presunta prevaricación, cohecho y delito contra la ordenación del territorio. Así como el propio director de instalaciones, con condena por cohecho en el caso Malaya.

Desde IU se deja claro que, “sin vulnerar los derechos laborales que asistan a esta persona condenada en el caso Malaya y ligada a una investigación del Tribunal de Cuentas por alcance contable, y que son de obligado cumplimiento por parte del Ayuntamiento, la conducta por la que se censura a Muñoz es porque, más allá de esos derechos laborales, se le haya otorgado al ex concejal del gobierno de la Corporación disuelta, una responsabilidad directiva con el consiguiente complemento salarial y se le mantenga a pesar de su condena y las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción en las que está inmerso en estos momentos, en las que el equipo de gobierno tiene que se firme para defender el interés económico y social del municipio”.