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IU dice que en la compra del edificio de Urbanismo se unen gilismo y neogilismo

J. C. A. | 26/10/2018
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IU dice que en la compra del edificio de Urbanismo se unen gilismo y neogilismo
  • Miguel Díaz, en una imagen de archivo.
El grupo municipal de Izquierda Unida se ha pronunciado este viernes sobre la compra de resto del edificio en el que están actualmente las oficinas de la Delegación de Urbanismo de Marbella. Su concejal Miguel Díaz se ha mostrado muy crítico y ha señalado que esta operación es la "imagen clara de que el gilismo y el neogilismo se dan la mano". 

“Comprar ese edificio es entregar en bandeja un negocio redondo a un grupo de promotores del núcleo duro del gilismo y el neogilismo, con prófugos de la Operación Malaya y personas íntimamente relacionadas con el PP como el propio alcalde de Estepona, incluidos", ha dicho.

"Es trasvasar casi tres millones de euros para pagar un edificio construido ilegalmente y que no es el idóneo para el servicio que tiene que prestar una delegación de Urbanismo”, añadeDíaz.

El edil de IU subraya que “una cosa es recepcionar tres plantas como compensación y otra pagar un precio desorbitado por uno de los edificios más emblemáticos de las atrocidades urbanísticas del gilismo, precisamente, como sede de la delegación de Urbanismo”.

“Desde IU consideramos que lo que habría que programar es incluir en el nuevo PGOU la reserva de suelo para un gran edificio institucional que acogiese a todas las delegaciones municipales en un lugar perfectamente accesible, funcional y eficiente", explica.

"Con ello se prestaría un mejor servicio a la ciudadanía y con menos costes de funcionamiento”, concluye el comunicado.

El edificio, situado en la calle Alonso de Bazán, es propiedad de una sociedad de la que son socios el alcalde de Estepona, José María García Urbano, y el prófugo de la justicia por el caso Malaya, Juan Hoffman. 

En 2012, cedieron tres plantas al Ayuntamiento al acoger el inmueble, contruido ilegalmente, al proceso de normalizaciones que preveía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, pero que fuen anulado por el Tribunal Supremo en 2015.

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