Desde IU informan de que ya en el apartado de Ruegos y Preguntas del pleno del pasado mes de junio los concejales de la formación de izquierdas solicitaron la información de la cuantía de la multa, un requerimiento que no recibió respuesta, aunque el portavoz del PP, Félix Romero, reconoció la veracidad de las afirmaciones de IU y se comprometió a satisfacer la respuesta por escrito.
Posteriormente, el 26 de julio, el Grupo Municipal de IU registró una petición de información reiterando la misma solicitud, de la que "han pasado tres meses y sigue la opacidad del PP". “La alcaldesa emula al PP nacional, mientras desde Génova eliminan la información de los discos duros de su contabilidad, Muñoz oculta a la ciudadanía información de interés público”, sentencian los concejales de IU.
Tras esta multa, el Equipo de Gobierno local se ha visto forzado a modificar el mecanismo de contratación del servicio de vigilancia de playas mediante un "apresurado" concurso de externalización de servicios, con unas condiciones económicas que hacían imposible la prestación adecuada, con medios suficientes, del servicio y que por distintos retrasos en la nefasta gestión del expediente provocó que el servicio de vigilancia y socorrismo de playas, de forma imprudente y temeraria, no comenzara a prestarle hasta más de un mes después del inicio de la temporada de baños.
Los concejales de IU consideran que el Equipo de Gobierno, “tque endría que dar ejemplo, incumpla normativas básica en materia laboral, manteniendo a los trabajadores del servicio de playas sin dar de alta e incumpliendo la Ley General de Seguridad Social, la Ley de Presupuestos y la Orden Ministerial Empleo y Seguridad Social 184/2012 de 2 de Febrero”.
La pregunta de IU ante el pleno incluía otras peticiones en relación a la depuración de responsabilidades por las infracciones laborales cometidas y a la intervención de los servicios jurídicos municipales en relación a este asunto.
IU denuncia que “esta no es la primera multa impuesta al gobierno del PP por negligencias en su gestión, ya que un juzgado ha fijado la obligación de indemnizar con 684.888,66 euros a los afectados por contaminación acústica derivada de la estación de autobuses. “Las multas parten de la mala gestión del PP, pero al final acaban pagándose con dinero público de todos los vecinos”, sostienen.