- Miguel Díaz, en una imagen de archivo.
El grupo municipal de Izquierda Unida ha denunciado este jueves que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, "oculta al pleno información crucial" sobre el acuerdo al que ha llegado con el empresario Tomás Olivo. La coalición de izquierdas ha enviado un escrito al Secretario del Ayuntamiento para que sea incluida. Consideran que faltan "once documentos clave".
IU ha solicitado los antecedentes, datos e informes complementarios que obren en poder de los servicios municipales y que "resultan cruciales para la toma de postura" sobre el acuerdo entre el equipo de gobierno y "la empresa de Tomás Olivo que PP y OSP llevan al pleno este viernes".
Recuerdan que puede suponer un desembolso de 12 millones de euros de las arcas municipales para el empresario y "beneficios penitenciarios en procesos abiertos por estos mismos asuntos".
“Para tomar una decisión fundamentada, hemos remitido un escrito al Secretario Municipal en el que solicitamos que sean facilitados 11 documentos clave entre los que se incluye una sentencia del Tribunal de Cuentas, dos autos del Tribunal Supremo, el informe de deficiencias en la ejecución de las obras del embovedado de Arroyo Primero, realizado por los servicios técnicos del departamento de Obras o las autorizaciones y los expedientes del Organismo de Cuenca relativos a dichas obras”, señala el concejal portavoz de IU, Miguel Díaz.
El edil argumenta que al amparo de lo establecido en los artículos 2, 12, 15, 16 y 18 del Reglamento Orgánico de Pleno y Comisiones del Ayuntamiento de Marbella todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función “y en este caso no es así pese a la trascendencia del acuerdo para la ciudad”.
Dentro de estos 11 documentos destacan, además de los anteriormente mencionados, el informe de valoración, por parte de los habilitados y los servicios jurídicos del Ayuntamiento, de si el desequilibrio patrimonial que supone este acuerdo transaccional, no ha sido debido a “la propia iniciativa del particular ni revela una voluntad maliciosa del mismo”.
Así lo señala el interventor municipal del Ayuntamiento en su informe de 16 de enero de 2018, o el informe de la situación y destino actual de los bienes y derechos ofrecidos en dación de pago, acordados entre el Ayuntamiento y la mercantil en el convenio de 18 de mayo de 1995 y formalizados en escritura pública el 30 de agosto del 2000.
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