IU comprobará la documentación que aporta Benahavís para el deslinde

Tras el encuentro mantenido por parte de miembros de IU con responsables de la Dirección General de Administración Local que gestiona este asunto, en dependencias de Sevilla, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha llegado a la conclusión de que el mencionado expediente “puede tener algún error en su tramitación".

Por ese motivo, han decidido su personación "con el fin de comprobar la fiabilidad de la documentación histórica que exhibe el municipio de Benahavís, basada en consideraciones de naturaleza catastral y no geográfica y descriptiva del suelo en cuestión”.

A este respecto, Monterroso recuerda que “la mencionada documentación aportada por Benahavís, y pieza angular de su reclamación, data de 1978, fecha en la que el Instituto Geográfico Nacional lo era también Catastral, lo que pudiera haber inducido al error de confundir la situación catastral y la situación geográfica del terreno objeto de polémica, unos datos que no tienen por qué coincidir".

"De hecho, no consta en ningún sitio que entre Marbella y Benahavís se hubiera llevado a cabo un deslinde de terreno con fecha posterior a 1873, que es la fecha oficial y válida en que se constituyen los términos de los dos municipios y su amojonamiento correspondiente”, añade.

Atendiendo a estos argumentos, el diputado en el Congreso de IU, Alberto Garzón, ha dirigido una pregunta parlamentaria al Gobierno de España para que responda ante esta situación y aclare si existió o no en el pasado algún deslinde distinto del original.

Al mismo tiempo desde Izquierda Unida se plantea la necesidad de acudir a los tribunales de Justicia, convencida de que el intento de cesión de suelo de Marbella al Ayuntamiento de Benahavís "no responde al interés general de la ciudad sino todo lo contrario".

"Todo parte del más que posible interés particular de la alcaldesa de Marbella en la cesión como propietaria de terrenos cuyo valor aumentaría considerablemente dado que los mismos tendrían la calificación de urbanizables en Benahavís mientras que en Marbella son rurales", sostiene.

"Es este hecho objetivo, así como las irregularidades en la aprobación del PGOU de Marbella que en último momento se modificó para contemplar un lindero diferente del oficial, las que podrían fundamentar la presentación de una denuncia ante la judicatura", concluye.