IU alerta que "la mala gestión del PP" acarrea sanciones al Ayuntamiento

Los concejales de IU, Enrique Monterroso y Miguel Díaz, destacan de entre los supuestos acontecidos, "la sanción de la Tesorería de la Seguridad Social por la que el Ayuntamiento ya ha desembolsado la cantidad de 64.253 euros de fondos públicos que tendrían que haberse destinado a políticas sociales o inversiones si el gobierno del PP no hubiese vulnerado la legislación laboral a la hora de contratar a los empleados del servicio de socorrismo acuático durante varios años. Y este es tan sólo un primer pago, al que podrían seguirle otros de cantidades similares por estos incumplimientos".

También en el pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó al Ayuntamiento de Marbella a indemnizar a un trabajador con la cantidad de 1.800 euros por vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, por daños provocados con "actuaciones prepotentes y fuera de lugar con carácter intimidatorio y ejemplarizante".

La condena al Ayuntamiento se basaba en "prácticas antisindicales hacia un delegado de CGT, declarando vulnerado el Derecho Fundamental a la Libertad Sindical", por lo que se establecía la mencionada indemnización.

Díaz argumenta que "estas reiteradas vulneraciones se pueden comprobar repasando las actas de las Junta de Gobierno Local (JGL) en las que se da cuenta de las resoluciones que obligan al gobierno local del PP a dejar sin efecto una decisión injusta en materia de personal, a abonar una reclamación de cantidad que correspondía a un trabajador y que el equipo de gobierno se negaba a satisfacer o las condenas al Consistorio por un despido indebido o una vulneración de derechos a un trabajador".

IU apunta que "llama la atención de que sólo en las JGL de los meses de abril y mayo se documenten hasta 16 casos de revocación de sanciones impuestas por Recursos Humanos, obligando al reconocimiento de derechos que se estaban vulnerando o emplazando a que se satisfagan reclamaciones de cantidades.

En la mayoría de los casos estas resoluciones judiciales contrarias al Ayuntamiento "suponen un cantidad económica a desembolsar, que oscila entre los 1.000 y los 10.000 euros, pero que si sumamos el goteo, más los intereses de demora que llevan aparejados algunas resoluciones, supone un importante desembolso que tendría que dedicarse a políticas sociales, no a pagar la factura del talante antisocial del gobierno de Muñoz contra los trabajadores municipales".

Ante este goteo de sanciones, IU anuncia que "va a registrar una pregunta escrita para conocer cuántas resoluciones contrarias a la gestión del departamento de Derechos Humanos se han producido desde 2011 y qué cuantía económica han supuesto las multas de ellas derivadas".

Para la formación de izquierdas "más allá incluso de las sanciones económicas, es intolerable que una administración pública tenga tan poco respeto a la ya de por sí esquilmada legalidad laboral vigente tras los ataques del PP desde el Gobierno de España".

La falta de cumplimiento de los derechos laborales no se queda en la plantilla municipal, también se reproduce en relación a las contrataciones externas para obras realizadas por el Ayuntamiento. Son reiteradas las ocasiones en las que desde IU hemos alertado de que se controle el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad laboral, ya que se dan casos de forma habitual de podas en altura sin cascos o sujeciones, así como trabajos en la vía pública con vehículos invadiendo la calzada y acera mientras los viandantes están circulando, un descontrol total.

Asimismo, en un reciente escrito dirigido a la Alcaldesa, el sindicato CC.OO denunció el incumplimiento sistemático de la jornada laboral pactada en la mayoría de las obras que realizan empresas externas contratadas por el Ayuntamiento.