Inhabilitan a Roca y Muñoz por el caso de la finca El Pinillo en Marbella

Así lo establece la sentencia difundida este lunes y a la que ha tenido acceso este digital. El documento consta de casi 200 folios, que aún admiten posibilidad de recurso. 

La Sala absuelve a siete acusados, entre los que destacan el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes y Óscar Benavente, que fuera testaferro de Roca. 

Además, se reitera la absolución para otros cuatro acusados por prescripción de los delitos, caso por ejemplo del exinterventor del Ayuntamiento Juan Antonio Castro. 

En la parte condenatoria, además de Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, se impone una pena de ocho años de inhabilitación, acordada con la Fiscalía, a siete exconcejales por un delito de prevaricación. 

Son los casos de Marisa Alcalá, José Luis Troyano, Javier Lendínez, Tomás Reñones, Alberto García Muñoz, Rafael González y José Luis Fernández Garrosa. 

A Muñoz y Roca, la sentencia les aplica el atenuante de dilaciones indebidas y los absuelve de los demás delitos: cohecho, estafa, fraude, alteración de subasta y negociación prohibida a funcionarios. 

El juicio se inició en marzo del año pasado y que quedó visto para sentencia en el mes de julio. Se juzgaba la operación urbanística realizada en la finca de El Pinillo en Marbella. 

Los tribunales sostienen que el dueño de la parcela era "amigo o conocido" del entonces alcalde, Jesús Gil, quien le mostró su interés en adquirirla para el Ayuntamiento a través de una expropiacion para la supuesta construcción allí de un palacio de congresos. 

En el caso de Julián Muñoz se establece la "ilegalidad" de los decretos que emitió en relación con la subasta y enajenación de la citada finca, que fue cometida "a sabiendas pues se acordó la adjudicación directa de la finca, desviándose de lo que hasta ese momento se había resuelto". 

Respecto a Roca, se sostiene que el proceso que llevó la finca al patrimonio municipal y terminó con la adjudicación a un tercero fue consentido por Jesús Gil, para lo que se sirvió "de los servicios" del que era su asesor de urbanismo, ya que el entonces alcalde no consta que firmara nada. 

Según la sentencia, el plan de Gil era claro: "negociar con la finca y ganar dinero con ello", aunque quien lo llevó a efecto fue Juan Antonio Roca, que controlaba el urbanismo en Marbella.