Fiscalía investigará presuntos casos de enchufismo en el área de Diego López

La Fiscalía de Marbella tiene ya en su poder la denuncia, que se ha presentado este martes, y en la que se le pide que esclarezca lo ocurrido durante el proceso de contratación de trabajadores en el Ayuntamiento en abril de 2018.

En concreto, se ponen en conocimiento del Ministerio Público las supuestas irregularidades en la contratación temporal de 74 operarios, 46 conductores y 6 capataces.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este digital, expone casos de presunto enchufismo, así como que las valoraciones de los aspirantes se hicieron sin respetar los méritos. 

El Sindicato de Empleados Públicos de Málaga (Sepma) considera que entre los contratados existen parientes del concejal Diego López, de miembros del tribunal y de capataces y encargados del área de Limpieza.

Han detectado parentesco de hijos, hermanos, tíos, sobrinos, cuñados y yernos entre muchos de los seleccionados para ocupar un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Marbella.

Los denunciantes, el Sepma y la Asociación de Desempleados por un Empleo Digno, tiene claro que miembros del tribunal que eligió a los trabajadores deberían "haberse abstenido de intervenir una vez constatado la existencia de vínculos familiares".  

Además, sostienen que la valoración de los aspirantes se realizó "sin respetar los méritos establecidos en la convocatoria" y sin acreditar la debida experiencia. 

De esta forma, consideran que, al menos, 13 de los aspirantes "presentan irregularidades en las valoraciones, además de concurrir relaciones de amistad o parentesco con miembros del tribunal, de directivo o de mandos de la Delegación de Limpieza o responsables sindicales". 

Uno de los casos que citan es el de un primo del concejal Diego López, que no acredita los servicios prestados de capataz y, a tenor de su curriculum, casi toda su vida laboral ha transcurrido "como monitor de gimnasia, por lo que su valoración es fraudulenta". 

Un tercer aspecto es el llamamiento de los aspirantes, en el que también señalan que se han producido "acciones cuestionables". 

Por tanto, los denunciantes creen que se podrían haber cometido tres delitos: prevaricación, omisión del deber de perseguir un delito y tráfico de influencias. 

Los presuntos autores serían los concejales miembros de la Junta de Gobierno Local celebrada el 3 de abril de 2018 que aprobó las bases del proceso, además del presidente del órgano de selección y los cuatro miembros del tribunal. 

Los ediles señalados son Francisca Caracuel, José Eduardo Díaz, Javier García, además de la alcaldesa, Ángeles Muñoz. No hubo ningún miembro de OSP en esa reunión. 

También se pone en la diana a los concejales de Recursos Humanos, Baldomero León, y en el de Limpieza, Diego López. 

Los miembros del tribunal son María Dolores Cholvis Lomeña, Juan Guzmán Sánchez, Carlos Almécija Valentín y Javier Granados Martín, y el presidente del órgano de selección fue Carlos Díaz Cáceres.

Declaraciones

José Luis Gutiérrez, del sindicato Sepma, ha señalado esta mañana que "no es un día alegre, hay compañeros que pueden verse afectados, pero prima el interés porque la administración se ajuste a derecho en sus actuaciones". 

"Es un procedimiento que está viciado desde 2018 y que ha provocado un daño enorme a muchas familias y también a Marbella porque se están produciendo muchas sentencias en los tribunales", ha añadido. 

Diego Sánchez, de la Asociación por un Empleo Digno, ha señalado que "existen muchas anomalías por parte del equipo de gobierno, nos hemos reunidos con ellos para corregirlas, pero no nos tienen en cuenta". 

"Queremos que se vea qué hay dentro del Ayuntamiento en tema de empleo, que es muy gordo, que la Fiscalía lo investigue cuanto antes", concluyó.