Empleo, políticas sociales y turismo, pilares de los presupuestos de 2016

Osorio, que ha comparecido esta mañana tras la Junta de Gobierno Local acompañado por el portavoz municipal, Javier Porcuna, ha evitado hablar de fechas para la aprobación de los presupuestos, pero es evidente que tendrán que prorrogarse durante un tiempo los de este año. 

El Equipo de Gobierno está trabajando con reuniones maratonianas para intentar tener cuanto antes el documento con las cuentas públicas para 2016, que ya estaban casi listas pero se han visto afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el PGOU de 2010, conocida el 4 de noviembre.

"Queremos entregarlo a la oposición con tiempo para que lo puedan estudiar, no como nos los daban ellos", ha señalado Porcuna, quien ha recordado que "hay una serie de elementos que hay que tener cuenta y que no dependen de nosotros, con lo cual tenemos que esperar".

Se ha referido por ejemplo al "cobro de impuestos referidos al IBI" y a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que establece que los terrenos urbanos pendientes de desarrollo deben tributar como rústicos hasta que no se produzca dicho desarrollo.

"Teníamos miedo a la repercusión de esta sentencia", ha reconocido Manuel Osorio, aunque tras pedir un informe al Castastro consideran que supondrá solo una merma de 225.000 euros en los ingresos, cantidad asumible en unos presupuestos como los de Marbella. 

La idea es intentar realizar la aprobación inicial de las cuentas para 2016 en los últimos días de diciembre o primeros de enero, con lo que estarían listas para el mes de febrero. Hasta entonces, se prorrogarían los actuales presupuestos. 

Expedientes

Además, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado la "imposibilidad material por causa sobrevenida" de continuar determinados procedimientos correspondientes a expedientes administrativos relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, que afectan a más de 60 zonas del municipio.

El portavoz municipal, Javier Porcuna, ha explicado en rueda de prensa que es un trámite necesario como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo y previo a la aprobación de la normativa transitoria que se está elaborando y que dará paso a la definitiva.

En total, son más de 60 las zonas afectadas, en las que se paralizan las tramitaciones urbanísticas con fines de normalización que se estaban desarrollando.