El Supremo se alinea con Dívar y archiva en tiempo récord el caso PGOU

En apenas siete meses, con pandemia y confinamiento incluidos, el Alto Tribunal ha resuelto este asunto, que le llegó a primeros de marzo de este año, unos días antes del estado de alarma, y que ya tenía finiquitado en septiembre. 

Lo ha resuelto la Sala de lo Penal, formada por cinco magistrado y presidida por Manuel Marchena.

En concreto, la sentencia que archiva el caso PGOU es de 17 de septiembre de 2020, aunque no ha trascendido hasta este miércoles, curiosamente cuando se confirmaba la del caso Gürtel del PP nacional. 

El fallo del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso este digital, asume las tesis del juez instructor, Gonzalo Dívar, quien nunca vio culpabilidad alguna en el comportamiento de Ángeles Muñoz durante la aprobación del PGOU en 2009. 

Caen en saco roto los criterios del fiscal de Marbella, Julio Martínez Carazo, quien, aunque restringió la causa solo a una supuesta falsificación del acta del Pleno de 29 de julio de 2009, siempre señaló la alcaldesa.

El origen de todo está en la denuncia que puso en 2015 ante la Fiscalía el movimiento antideslinde, quien siempre mantuvo que se había producido una falsificación del PGOU al cambiar a última hora 22 planos, incluidos los terrenos donde estaba la mansión de la regidora. 

El juez instructor decidió en dos ocasiones archivar el caso, en ambas contra el criterio del fiscal. La primera, en agosto de 2017, aunque la Audiencia de Málaga le ordenó reabrir las diligencias. 

Volvió a cerrarlas en septiembre de 2018, al considerar como único posible responsable al vicesecretario municipal, ya fallecido. 

El fiscal siempre señaló a Ángeles Muñoz y pidió de manera reiterada que la causa se derivase al Tribunal Supremo, dada la condición de senadora, que la convierte en aforada. 

Consideraba, entre sus muchas argumentaciones, que la alcaldesa "con su activa participación ha cooperado necesariamente a que en un documento oficial se falte a la verdad en la narración de los hechos".

Finalmente, la Audiencia de Málaga ordenó elevar el caso al Supremo, donde se recibió el 9 de marzo de 2020, según se recoge en la sentencia conocida hoy. 

Sin tampoco necesidad de grandes argumentos, el Alto Tribunal sostiene que la alcaldesa no tiene responsabilidad en la redacción del acta del Pleno. 

Considera que la elaboración de este documento "no forma parte inherente a las funciones propias de la denunciada y, por ello, no puede haber reproche penal alguno en su actuación". 

Exculpa, por tanto, totalmente a la regidora y se ciñe a las tesis del instructor, que solo veía culpa en la figura del fallecido vicesecretario, a la petición de archivo por parte de la Fiscalía del Supremo. 

Tampoco considera que haya falsedad imprudente por no haber comprobado la exactitud del acta. 

Por tanto, aquí concluye este negro episodio de la Marbella postgilista, sin que finalmente nadie haya entrado a aclarar si se produjo una falsificación del PGOU que motivó el posterior deslinde con Benahavís y un supuesto beneficio para Ángeles Muñoz, de haberse llevado a cabo.

Hay que recordar que el citado PGOU fue anulado por el Tribunal Supremo en noviembre de 2015 y que, por tanto, no está vigente. Al deslinde también se puso freno en septiembre de 2015 al llegar a la Alcaldía el socialista José Bernal.