Bernal ha señalado que “recientemente hemos sabido que la Cámara de Cuentas ha corroborado las denuncias realizadas por el PSOE a lo largo de los años sobre la gestión económica de Ángeles Muñoz, al detectar irregularidades en los ejercicios de 2010 y 2011”.
Al mismo tiempo, dijo Bernal, “ha quedado patente que la alcaldesa ni aporta documentos a la oposición, ni tampoco a los órganos fiscalizadores”, de ahí que se haya preguntado “qué tiene que ocultar para negar una información que debería ser pública”.
El portavoz socialista recordó que el Parlamento andaluz ya ha dado ejemplo instando a la fiscalización del Ayuntamiento, con la oposición del Partido Popular.
Bernal ha señalado que, con esta auditoría, el PSOE quiere saber “a dónde se han destinado los 19 millones de euros de déficit que existen en 2011”. Asimismo, ha manifestado que “también necesitamos saber a dónde se han destinado los 2,6 millones de euros que se retuvieron del salario de los trabajadores y que el interventor no pudo acreditar el pasado año que utilizaran conforme a la legislación”.
Además, ha recalcado que “hemos mantenido durante siete años y seguimos manteniendo ahora que el criterio que se ha utilizado hasta el año 2010 para calcular el déficit que ha arrojado el Ayuntamiento no se ha ajustado a las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas".
Este organismo, según sostienen desde el PSOE, aconseja que no se consideren como ingresos las deudas pendientes superiores a cinco años. "El Ayuntamiento de Marbella lo ha hecho así desde 1985”, añade.
Entre otros asuntos, Bernal también quiere que se investigue la política de opacidad de las sociedades municipales, de cuyas cuentas no existe información accesible para los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Marbella, y por tanto, para ningún órgano externo.
Por otra parte, según ha señalado Bernal, la política de externalizaciones que ha llevado a cabo el Ayuntamiento cuando los sucesivos planes de estabilización financiera recomendaban racionalizar los gastos, también es otra de las cuestiones que "hay que aclarar".
La política de contrataciones de cargos de alta dirección y los elevados sueldos de los cargos de confianza son otros apartados que también "deben ser fiscalizados de forma exhaustiva"; así como las partidas que se han presupuestado en sucesivos ejercicios y que nunca han llegado a ponerse en marcha, como por ejemplo la residencia de ancianos del Trapiche, o el pabellón de El Ingenio, entre "otros muchos".
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